20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El Partido Kolina y el PJ de Salta, presentaron un amparo judicial, para intentar frenar las bajas del programa Volver al Trabajo. Imagen: Instagram.
La escena se repite en clave de crisis: firmas que se multiplican, relatos de urgencia y una certeza que empuja a la judicialización. En Salta, el partido Kolina (Corriente de Liberación Nacional) y el Partido Justicialista avanzan con un recurso de amparo colectivo para intentar frenar las bajas del programa Volver al Trabajo, en un contexto donde el ajuste nacional amenaza con dejar a más de 50 mil familias sin ingresos. La disputa ya no es solo política: es, directamente, por la subsistencia.
La presentación judicial se concretará esta semana y tiene un objetivo preciso: exigir el restablecimiento inmediato, la continuidad y la actualización del programa. Detrás de esa demanda hay un diagnóstico contundente: la eliminación del plan no viene acompañada de ninguna alternativa real y se inscribe en una política que recorta sobre los sectores más vulnerables.
La avanzada tomó forma tras una jornada de firmas en la ciudad de Salta, donde unas 200 personas participaron de manera presencial. Pero el alcance del reclamo desborda esa cifra. Desde distintos puntos del interior provincial se sumaron adhesiones, en una postal que buscó mostrar que no se trata de casos aislados sino de un entramado social que depende de ese ingreso para sostener lo básico.
Mercedes Figueroa, presidenta de Kolina, fue clara al explicar el sentido de la acción: “Estamos trabajando este recurso de amparo que va a ser presentado ante la Justicia”. Y subrayó que quienes firmaron el petitorio lo hicieron en representación de un universo mucho más amplio: la totalidad de las personas que perciben el programa.
La estrategia no se agota en Salta. Según detalló Figueroa, hay una articulación en marcha con otras provincias para construir una red nacional de amparos que presione al Gobierno a revertir la medida. La apuesta es escalar el conflicto y transformar una reacción local en un frente judicial más amplio que ponga en discusión el rumbo del ajuste.
El núcleo del planteo es el impacto directo sobre la vida cotidiana. Más de 50 mil familias salteñas podrían quedarse sin ingresos en un escenario de desempleo creciente y precarización extendida. “Es imposible de aceptar y tenemos que pelearla hasta el final”, sostuvo Figueroa, en una frase que condensa el tono del reclamo.
La crítica no se limita a la quita del programa. También apunta a la narrativa oficial que intenta presentar la medida como una reconversión hacia un sistema de vouchers. Para Kolina, esa versión no resiste el análisis. “Es una mentira”, disparó Figueroa, al señalar que la resolución oficial habla de finalización del programa y, por lo tanto, de su financiamiento.
La alternativa que ofrece el Gobierno, según explicó, se reduce a la inscripción en el Portal Empleo, una plataforma de capacitaciones que no garantiza ingresos. En otras palabras: se elimina un ingreso concreto y se lo reemplaza por una promesa sin sustento económico. “No es que se reemplaza el pago de los 78 mil pesos por un voucher. Esto es una mentira”, insistió.
El trasfondo es más profundo. En un contexto donde los ingresos no alcanzan y el trabajo formal no aparece, los programas sociales funcionan como un sostén mínimo. Su eliminación, sin transición ni reemplazo efectivo, expone a miles de personas a una caída directa en la pobreza.
El amparo cuenta con respaldo político y jurídico del Partido Justicialista. Un equipo de abogadas del espacio trabaja en la presentación, que busca encuadrar la medida como una vulneración de derechos. El interventor del PJ en Salta, Pablo Kosiner, sintetizó la posición: “Más de 50.000 salteños pueden quedar afuera del programa Volver al Trabajo. Se lo elimina sin cumplir su objetivo de capacitación e inserción laboral. Sin transición. Sin alternativas. En un contexto de desempleo creciente, esto no es ajuste: es abandono”.
La frase no es solo un posicionamiento político, sino la definición de un conflicto que escala. La judicialización aparece como la última herramienta frente a una política que recorta ingresos sin ofrecer reemplazos. En ese escenario, el debate deja de ser técnico para volverse urgente: qué pasa cuando el Estado se retira de su rol de sostén en medio de una crisis.
Mientras tanto, las firmas siguen circulando y las historias se acumulan. Detrás de cada planilla hay una realidad que no encaja en planillas de cálculo: familias que dependen de ese ingreso para comer, para pagar un alquiler, para sostener lo básico. La discusión, en definitiva, no es sobre un programa. Es sobre cuánto ajuste puede soportar una sociedad antes de quebrarse.
