20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El concejal libertario Maximiliano Casasola junto a Emilia Orozco. Imagen: Web.
El escándalo por la denuncia de violencia de género contra el concejal libertario Maximiliano Casasola ya no se limita al ámbito judicial: explotó de lleno en el corazón político de Salta. La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante puso el caso sobre la mesa y avanzó con una decisión que marca un punto de inflexión: invitar formalmente a la denunciante a exponer ante el cuerpo.
La movida no es menor. Implica que el testimonio de quien acusa a Casasola por presuntas lesiones agravadas y violencia de género podría escucharse en el propio recinto político donde el edil ejerce su cargo. La fecha ya está marcada: el 24 de abril, día en que la comisión volverá a reunirse para seguir analizando un caso que sacude a la dirigencia local.
En el encuentro de este viernes, los concejales comenzaron a revisar la documentación remitida por la Fiscalía y el juzgado interviniente. No fue lo único. También tomaron conocimiento de una nota presentada por la denunciante, cuyo contenido motivó la decisión de convocarla. El expediente empieza a nutrirse no solo de papeles judiciales, sino de una voz que busca ser escuchada en el ámbito político.
La escena expone una tensión creciente: un concejal en funciones señalado por hechos graves y un cuerpo deliberativo que no puede mirar para otro lado. La comisión deberá ahora elaborar un dictamen que será clave para el futuro del caso, en un proceso que ya no puede disimular su carga política.
Del encuentro participaron figuras de peso dentro del Concejo Deliberante. Estuvieron el presidente del cuerpo, Darío Madile (PS), junto a los presidentes de bloque Eliana Chuchuy (PS), José García (YP), Malvina Gareca (PC), Inés Bennassar (GSC), Laura Jorge Saravia (LLA), Gonzalo Nieva (J) y Ángel Ortiz (UCR). Un arco político amplio que, más allá de las diferencias partidarias, quedó atravesado por la gravedad de la denuncia.
El caso Casasola no es un expediente más. Se trata de una acusación por violencia de género que golpea de lleno en la legitimidad de quien ocupa un cargo público. Y ahora, con la posibilidad de que la denunciante exponga ante los concejales, la discusión deja de ser interna para convertirse en un tema que interpela a toda la institución.
La comisión tiene por delante una tarea delicada: analizar pruebas, escuchar testimonios y definir un dictamen que puede derivar en consecuencias políticas concretas. La reunión del 24 de abril aparece como un momento clave, donde la palabra de la denunciante podría reconfigurar el escenario.
Mientras tanto, el caso avanza en paralelo en la Justicia. Pero el Concejo ya tomó nota de que no alcanza con esperar. La presión pública crece y el margen para la indiferencia se reduce.
La pregunta que sobrevuela el recinto es inevitable: hasta dónde está dispuesto a llegar el cuerpo legislativo frente a una denuncia de esta magnitud. La respuesta empezará a escribirse en los próximos días, con un expediente que ya dejó de ser silencioso y un conflicto que amenaza con escalar dentro de la política salteña.
