21/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cámara de Diputados de Salta. Imagen: Prensa.
La reforma electoral que impulsa el gobierno de Gustavo Sáenz detonó una reacción inusual: logró unir en el rechazo a todo el arco opositor, del peronismo a los libertarios, y abrió grietas incluso dentro del propio oficialismo. En una provincia acostumbrada a la fragmentación política, el proyecto consiguió lo que parecía imposible: consenso, pero en contra.
El núcleo de la polémica es el mecanismo de acumulación de votos entre listas internas. Aunque el oficialismo evita nombrarla, la sombra de la ley de lemas vuelve a instalarse. El artículo 19 del proyecto es el punto de quiebre: permite que los votos de distintas listas de una misma fuerza se sumen para consagrar al candidato más votado dentro de ese espacio, incluso si no fue el más elegido en términos individuales.
La iniciativa, presentada como Ley de Participación Democrática, introduce cambios de fondo en el sistema electoral. Habilita múltiples listas internas —hasta cuatro por categoría en alianzas— y exige un despliegue territorial que obliga a competir en al menos quince departamentos para aspirar a la gobernación. Un requisito que, en la práctica, deja afuera a fuerzas con menor estructura.
El oficialismo habla de “modernización”. La oposición ve otra cosa: una ingeniería electoral que distorsiona el voto y reescribe las reglas de representación.
El rechazo fue inmediato y contundente. El exgobernador Juan Manuel Urtubey calificó la propuesta como un retroceso de tres décadas. Cuestionó la lógica que permitiría que “la gente vote a uno y termine eligiendo a otro”, y advirtió sobre la ruptura del vínculo entre elector y candidato.
Desde el peronismo, Pablo Kosiner apuntó contra la esencia del proyecto: “altera la regla básica democrática”. Señaló además que la norma puede consagrar a un candidato con menos votos individuales, generando problemas de legitimidad de origen y fragmentación interna.
La crítica se repite con distintos tonos. Manuel Santiago Godoy fue directo: “Es una ley de lemas, es una trampa”. Recordó que ese sistema históricamente permitió que ganaran candidatos con menor respaldo directo.
Desde la izquierda, Claudio del Plá denunció un intento de consolidar un esquema de poder cerrado y cuestionó el requisito territorial como una restricción a la competencia. En el otro extremo ideológico, la senadora libertaria María Emilia Orozco coincidió en el diagnóstico: “Es una ley antidemocrática”.
La amplitud del rechazo expone un dato político incómodo para el oficialismo: el proyecto logró unificar críticas que atraviesan todo el espectro. Y no solo afuera. En los pasillos legislativos, senadores de municipios chicos advierten que el nuevo esquema puede diluir el peso de las representaciones locales frente a estructuras más grandes.
La defensa oficial intenta bajar el tono. El diputado Germán Rallé insiste en que no se trata de una ley de lemas y habla de “modernización electoral”. Argumenta que la reforma busca reemplazar el vacío que dejaron las PASO y ordenar la competencia interna en un solo acto electoral. Pero incluso dentro del oficialismo reconocen que no hay consenso cerrado y que el proyecto podría trabarse.
Detrás de la discusión técnica se juega algo más profundo: cómo se construye representación en un escenario de desconfianza y crisis de los partidos. El oficialismo promete ampliar la participación; la oposición advierte que el resultado puede ser el contrario: más fragmentación, menos claridad y un sistema donde el voto pierde peso específico.
En ese cruce, queda una certeza incómoda para el poder: pocas veces una reforma electoral generó un rechazo tan amplio y tan rápido. Y cuando eso ocurre, la sospecha deja de ser un detalle para convertirse en el eje del debate.
