22/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El exintendente de Morillo, Miguel Atta Gerala. Imagen: Web.
El Ministerio Público Fiscal decidió escalar el conflicto judicial por el desmantelamiento del ramal ferroviario C-25 y apelará la absolución del exintendente de Morillo, Miguel Atta Gerala. La impugnación será presentada ante la Cámara de Casación, luego del fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta que lo desvinculó del delito por falta de pruebas directas.
El fiscal federal Eduardo Villalba confirmó la decisión y dejó en claro que el eje de la controversia está en la valoración de la prueba. “Los fundamentos del tribunal están muy fundados, pero son argumentos que no compartimos porque chocan con la postura del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo. Y anticipó: “Vamos a recurrir para que se revise el fallo por casación”.
La sentencia, sin embargo, no fue absolutoria para todos los imputados. El tribunal condenó a José Miguel Gerala, hijo del exintendente, junto a otros acusados, en una causa que expuso una maniobra de alto impacto: la sustracción y el contrabando de rieles ferroviarios hacia Bolivia. Según lo ventilado en el juicio, el material era transportado en camiones y cruzado por el río Bermejo, en un circuito ilegal que generaba ganancias millonarias.
Durante el debate oral también se puso el foco en las condiciones en las que se realizaban esas tareas. “Considero gravísimo el hecho y muy cruel utilizar a personas de comunidades aborígenes para desmantelar el ramal a cambio de dos pesos”, señaló Villalba, al referirse al funcionamiento de la operatoria.
El fiscal destacó que el proceso dejó cinco condenas, entre ellas la de José Miguel Gerala, quien recibió —según indicó— “una pena alta”. En ese marco, evaluó como “satisfactorio” el trabajo de la fiscalía, aunque remarcó que la absolución del exintendente no responde a fallas en la investigación sino a una interpretación distinta de la prueba por parte del tribunal.
Villalba también reconoció que este tipo de diferencias forman parte del sistema judicial. “Es lógico que haya diferencias, son necesarias en el sistema. Pero vamos a recurrir dentro de los plazos”, afirmó.
Con la apelación en marcha, la causa suma un nuevo capítulo en una trama que combina corrupción, contrabando y el desguace de infraestructura pública, y que ahora quedará bajo revisión de instancias superiores.
