23/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Organizaciones y familias apuntaron contra la gestión de Mario Lugones y el ajuste de Javier Milei y denunciaron desfinanciamiento. Imagen: Shok Argentina.
La protesta escaló a nivel nacional. Organizaciones, familias y personas con discapacidad salieron a las calles en distintos puntos del país para denunciar el desfinanciamiento del sector y exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia. El epicentro fue en las inmediaciones del Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, donde confluyeron las principales columnas.
La jornada no fue una más: coincidió con el primer cese nacional de actividades en la historia del sector y se dio en paralelo a la presentación en el Congreso del proyecto oficialista denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
Desde la calle, los reclamos se acumularon. Fernando Gantesti, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Transportistas para personas con Discapacidad (ATAECaDis), explicó que la movilización venía gestándose por los atrasos en los pagos. “Dependiendo de la obra social, ya sea Incluir Salud o PAMI, se debe desde noviembre y desde octubre en algunas localidades como CABA”, señaló.
A ese cuadro se suma un atraso estructural en los ingresos del sector. “Se está aumentando el nomenclador por el IPC del mes, pero arrastramos un atraso de aproximadamente un 70%”, agregó Gantesti desde la avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentró la protesta principal que tuvo réplicas en Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Corrientes.
Entre los manifestantes, el malestar se expresó sin matices. “Estamos peleando por la Ley de Emergencia que quieren desfinanciar e Incluir Salud y PAMI. Este gobierno no responde ni al Congreso ni a la Justicia. Queremos conseguir nuestra demanda”, sostuvo una de las participantes.
La advertencia ya había sido anticipada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos, que señaló que, pese al compromiso oficial de saldar deudas durante el mes en curso, los pagos siguen demorados. Esa situación, remarcaron, impide a los prestadores afrontar salarios, servicios y proveedores, generando “un daño profundo en todo el sistema”.
Las críticas también apuntaron al nuevo proyecto oficial. Alex Goldman fue contundente: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”.
Según explicó, la iniciativa impacta directamente en el Nomenclador nacional, eje del sistema. “Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”, advirtió.
Con movilizaciones en todo el país y un paro inédito, el conflicto dejó una señal clara: el sector de discapacidad salió a la calle para resistir lo que define como un ajuste que golpea en el corazón del sistema.
