28/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Diego Spagnuolo. Imagen: Noticias Argentinas.
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo capítulo que huele a encubrimiento. Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y hombre del círculo cercano de Javier Milei, se presentó en Comodoro Py, pero eligió el silencio. Ni una palabra ante la Justicia, ni un descargo para explicar un esquema que ya mueve cifras obscenas.
La causa investiga un entramado de sobreprecios y retornos millonarios en la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. Según el fiscal Franco Picardi, el mecanismo habría desviado más de 75 mil millones de pesos de fondos públicos hacia empresarios del sector, en un circuito que, lejos de asistir a quienes lo necesitan, habría funcionado como una caja paralela.
Spagnuolo, citado por el juez Ariel Lijo, estuvo poco más de una hora en tribunales. Salió sin dar explicaciones, amparado en su derecho a no declarar. Desde su entorno intentaron bajar el tono: “todo es muy reciente”, dijeron. Pero la gravedad de las acusaciones ya lo ubica en el centro de una trama que va mucho más allá de un simple expediente.
El dictamen fiscal describe un sistema armado para direccionar contrataciones mediante compulsas de precios manipuladas, con la intervención de operadores externos y la complicidad de funcionarios. El esquema, según la investigación, no solo abarcaba medicamentos, sino también insumos clave como prótesis, audífonos y equipamiento médico.
Para Picardi, el rol de Spagnuolo no fue menor: lo ubica como pieza clave en una estructura que habría garantizado el beneficio a proveedores específicos a cambio de retornos. Incluso señala que parte de esos fondos habría vuelto al propio ex funcionario, ya sea en pagos directos o en la compra de bienes.
El caso golpea en un punto particularmente sensible: fondos destinados a personas con discapacidad que habrían sido utilizados en beneficio de una red de intereses privados. Mientras tanto, la defensa apuesta a la Cámara Federal, que debe revisar su procesamiento por delitos graves como asociación ilícita, cohecho y defraudación al Estado.
En paralelo, también se espera una definición sobre los audios que detonaron el escándalo. La defensa cuestiona su validez, mientras la Justicia intenta determinar su origen. Pero más allá de esa discusión técnica, el núcleo del caso ya está planteado: un sistema bajo sospecha, millones en juego y un ex funcionario que, por ahora, prefiere callar.
