DOCENTES AGREMIADOS DE SALTA: “Sin ordenanzas, no hay clases en Salta”

28/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Docentes Agremiados de Salta (DASA). Imagen: Web.
La crisis silenciosa que atraviesa el sistema educativo salteño tiene un rostro poco visibilizado: el del personal de maestranza. Con salarios que rondan los 150.000 pesos —e incluso menos en el interior—, precarización laboral y una alarmante falta de trabajadores, el sector decidió organizarse y convocó a una asamblea provincial para el próximo 30 de abril.

La advertencia surge desde el propio gremio. Andrea Carrizo, secretaria provincial de Maestranza de DASA (Docentes Agremiados de Salta), junto a integrantes de la comisión directiva y el delegado capitalino Ricardo Villagrán, expuso una problemática que, lejos de ser coyuntural, revela una falla estructural: “La falta de personal en las escuelas, especialmente en el interior, combina precarización, desigualdad territorial y ausencia de respuestas del Estado”.

El déficit de ordenanzas —encargados de limpieza, mantenimiento y asistencia en comedores— golpea con más fuerza en localidades como El Galpón, Metán, Cafayate y zonas rurales del Chaco salteño. Allí, directamente no hay personal asignado. En muchos casos, las tareas recaen en terceros: desde personal de prefectura hasta madres de alumnos que, por necesidad, terminan cubriendo funciones esenciales para el funcionamiento escolar.

Aunque se estima que hay unos 3.800 trabajadores de maestranza en toda la provincia, no existen cifras oficiales precisas sobre el faltante real ni sobre las condiciones del sector. La ausencia de datos impide dimensionar el nivel de precarización, la antigüedad de los trabajadores o las tareas específicas que realizan.

Sueldos de indigencia y trabajo invisible

Uno de los puntos más críticos es el salarial. En la capital salteña, alrededor de 300 mujeres cumplen tareas de maestranza bajo el programa Potenciar Trabajo, con ingresos cercanos a los 150.000 pesos mensuales. En el interior, la situación es aún más grave: hay convenios municipales donde se paga hasta 80.000 pesos por el mismo trabajo.

Las responsabilidades, sin embargo, no difieren de las de una ordenanza formal. Limpieza, mantenimiento, asistencia en comedores e incluso tareas extraordinarias en contextos de emergencia forman parte de la rutina. En las escuelas rurales, la carga es aún mayor: cocinan, buscan leña, trasladan alumnos heridos. “Es impresionante la responsabilidad que tienen”, remarcó Carrizo.

Desigualdad territorial y reclamos urgentes

La dirigente también señaló una brecha evidente entre capital e interior. Mientras algunas trabajadoras lograron avances en su incorporación al sistema formal, muchas en el interior siguen sin estabilidad ni reconocimiento, pese a años —incluso décadas— de servicio.

El reclamo central es el pase a planta permanente y la regularización laboral. “Se trata de dignificar el trabajo. Que puedan ingresar al sistema educativo y cobrar un salario acorde”, sostuvo Carrizo, quien además cuestionó la falta de avances en el diálogo con el Gobierno provincial: “Nos dicen que hay diálogo, pero no nos dejan trabajar como corresponde. Siempre fuimos el sector más golpeado”.

A esto se suman condiciones laborales deficientes: falta de insumos de limpieza, infraestructura deteriorada y exposición a productos químicos sin reconocimiento de insalubridad. También reclaman un adicional salarial para quienes trabajan en el interior.

Sin maestranza, no hay clases

La gravedad del problema ya impacta en el funcionamiento escolar. En algunos establecimientos se registraron suspensiones parciales de clases por la falta de personal. “Abren y cierran las escuelas. Sin maestranza, no hay clases”, enfatizó Carrizo.

En ese contexto, la Secretaría de Maestranza de DASA convocó a una asamblea provincial el jueves 30 de abril, de 10 a 13, en Pasaje Klein 32 de la ciudad de Salta. Bajo la consigna “Por nuestros derechos”, el encuentro buscará avanzar en la inclusión del sector en las paritarias y reforzar el reclamo de reconocimiento formal.

Desde el gremio aseguran contar con la documentación necesaria para participar en las negociaciones y remarcan que son el único gremio docente con presencia en esas instancias. El mensaje es claro: “Queremos participar”.

Mientras tanto, el sector espera una respuesta oficial tras el compromiso de evaluar incorporaciones al sistema luego del 2 de mayo. Sin definiciones concretas, el clima de malestar crece. “Si no hay respuestas, las compañeras van a volver a manifestarse”, advirtió Carrizo.

En muchas escuelas, la continuidad de las actividades depende hoy del esfuerzo de trabajadoras precarizadas o directamente de la comunidad educativa. Un escenario que no solo evidencia desigualdad, sino que también pone en jaque el funcionamiento básico del sistema educativo salteño.