02/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Manuel Adorni y Bettina Angeletti. Imagen: Noticias Argentinas Baires.
La polémica tomó impulso tras la intervención del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quien expuso el tema en el Congreso y puso bajo la lupa el alcance del sistema de protección otorgado a la familia del funcionario. Según lo planteado, la custodia habría sido utilizada durante al menos dos años para traslados personales, compras domésticas y salidas nocturnas.
De acuerdo con las denuncias difundidas, los efectivos asignados a la seguridad no solo cumplirían funciones de protección, sino que también habrían sido destinados a tareas cotidianas como llevar y traer a integrantes del entorno familiar, realizar diligencias domésticas e incluso esperar durante actividades privadas.
Entre los episodios mencionados figuran traslados a supermercados, servicios personales como turnos de manicura y salidas nocturnas en zonas de esparcimiento, donde los custodios debían permanecer durante horas hasta el regreso de la esposa del funcionario.
Las acusaciones también incluyen el uso de vehículos oficiales y personal de seguridad como si se tratara de un servicio de transporte privado. Algunas versiones sostienen que los agentes habrían sido utilizados para trasladar a amistades o incluso a terceros vinculados al entorno familiar.
En ese marco, Tailhade cuestionó la legalidad del esquema de seguridad, al señalar que no existirían amenazas concretas que justifiquen un despliegue de esa magnitud. Según sus declaraciones, el operativo habría incluido varios equipos de custodia con efectivos de la Policía Federal, lo que implicaría un uso intensivo de recursos públicos.
La discusión también se extiende a la propia asignación de la custodia. De acuerdo con versiones difundidas en distintos ámbitos políticos, el beneficio habría sido otorgado cuando Adorni se desempeñaba como vocero presidencial con rango de secretario, un nivel jerárquico que, según criterios habituales, no necesariamente implica la asignación de un esquema de seguridad de estas características.
El caso generó malestar en sectores vinculados a la seguridad presidencial, donde —según trascendió— se cuestiona que personal entrenado para funciones sensibles haya sido destinado a tareas que no forman parte de su misión específica.
En paralelo, desde el Gobierno se anticipó que podría impulsarse una denuncia contra Tailhade por presunto espionaje, en respuesta a la difusión de la información.
Hasta el momento, no se conocieron explicaciones públicas detalladas por parte de Adorni sobre el uso de la custodia en los términos señalados por las denuncias. Mientras tanto, el episodio se suma a otros cuestionamientos que rodean al funcionario, en un contexto de creciente tensión política en torno al uso de recursos estatales y los límites entre lo público y lo privado.
