05/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Escándalo en Cancillería, correos secretos, un contrato millonario y una adjudicación “cocinada” que salpica a la esposa de Sturzenegger. Socios y familia, Federico Sturzenegger y su favorecida esposa María Josefina Rouillet. Imagen: Archivo.
El caso estalló y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos del año. La contratación millonaria en Cancillería que benefició a María Josefina Rouillet suma pruebas que, lejos de despejar dudas, refuerzan una sospecha inquietante: el proceso habría estado direccionado desde el inicio, con un resultado definido antes de que siquiera se iniciara el expediente formal.
La información, revelada a partir de documentación interna a la que accedió el programa TLN Denuncia, deja al descubierto un entramado de decisiones, correos electrónicos y movimientos administrativos que dibujan un escenario explosivo: una licitación que, según los indicios, ya tenía ganadora antes de comenzar.
Correos que comprometen
El dato que encendió todas las alarmas es un intercambio de correos fechado el 1 de diciembre de 2025, apenas días antes de que se publicara la convocatoria oficial. En ese mensaje, el funcionario Mariano Méndez —coordinador de Compras y Contrataciones— le da una instrucción directa a una subordinada: avanzar con una convocatoria “conforme a la que preparamos al inicio del año”.
Una frase que, en el mundo administrativo, suena como una bomba: implica que los términos del proceso ya estaban definidos con meses de anticipación. Es decir, cuando el expediente salió a la luz el 4 de diciembre en el portal oficial, el camino ya estaba trazado.
Un “traje a medida”
Pero eso no es todo. La investigación revela que la contratación se apoyó en una figura clave: la “exclusividad”. Bajo ese argumento, se recomendó adjudicar el servicio a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por Rouillet, dejando fuera de juego a cualquier posible competidor.
¿Casualidad? Difícil de sostener. Según surge de los documentos, la propia AACI ya había presentado una propuesta “informal” en noviembre de 2025 —un mes antes de la convocatoria oficial— en la que detallaba condiciones que luego aparecerían reflejadas en el pliego definitivo. Un anticipo que sugiere acceso previo a información clave.
Para reforzar su posición, la institución se autodefinía como el “único centro platino” de exámenes Cambridge en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese dato puede ser fácilmente refutado: registros oficiales internacionales indican que existen al menos tres centros con esa categoría en la capital argentina.
El “pacto” que no convence
La relación directa entre Rouillet y el ministro Federico Sturzenegger encendió otra alarma: el conflicto de intereses. Ante esa situación, Cancillería activó un mecanismo formal para cubrirse: un “pacto de integridad”.
El documento, enviado el 26 de diciembre, buscaba dejar constancia de que ambas partes se comprometían a evitar irregularidades. Pero el intento de blindaje sumó un nuevo giro polémico: no fue Rouillet quien firmó el acuerdo, sino una apoderada de la institución.
En los correos internos, incluso se observa cómo desde el propio Ministerio se orienta a la entidad sobre cómo completar la documentación. Para algunos, más que un control, el pacto terminó funcionando como una formalidad destinada a cubrir las formas en un proceso que ya estaba bajo sospecha.
114 millones y un solo oferente
El desenlace no sorprendió: en enero de 2026, la adjudicación quedó en manos de la AACI por un monto de 114 millones de pesos. Un detalle clave termina de cerrar el círculo: fue la única oferente.
La falta de competencia no sería casual. Según fuentes internas, las condiciones del pliego —especialmente las vinculadas a la exclusividad— habrían sido diseñadas de tal manera que solo esa institución pudiera cumplirlas.
Un escándalo que crece
Mientras desde Cancillería defienden la legalidad del procedimiento, la documentación revelada permite reconstruir paso a paso cómo se gestó una contratación que, según las sospechas, ya tenía destino definido desde mucho antes de su publicación oficial.
El caso ahora escala en tensión política y mediática. Las pruebas están sobre la mesa, las preguntas se multiplican y el foco apunta cada vez más alto.
¿Fue un proceso legítimo o una adjudicación direccionada desde el poder? La respuesta, por ahora, sigue envuelta en un expediente que promete traer más revelaciones.
