VIOLENCIA DE GÉNERO: Casasola pidió licencia

06/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El concehjal libertario pidió licencia tras la denuncia por violencia de género, en el tramo final de la investigación y recalienta el Concejo Deliberante. Imagen: Web.
En medio de un expediente que ya estaba al borde de una definición, el concejal de La Libertad Avanza, Maximiliano Casasola, movió una ficha que sacudió el tablero político: pidió dos meses de licencia justo cuando la Comisión de Disciplina se preparaba para avanzar sobre una posible sanción en su contra por una denuncia de violencia de género.

La jugada no pasó desapercibida. El pedido ingresó formalmente este martes y ahora deberá ser tratado en el recinto, pero su impacto fue inmediato: obligó a frenar la reunión donde se empezaba a discutir el futuro del edil dentro del cuerpo. La comisión ya había recorrido todo el camino probatorio y el expediente estaba prácticamente cerrado. Sin embargo, la aparición de este “nuevo elemento” alteró los tiempos y forzó a reordenar el proceso.

Casasola justificó su decisión en la necesidad de contar con “un tiempo razonable para que la Justicia se expida”, mientras el trámite interno sigue su curso. Pero el contexto le da a la licencia un peso político inevitable: llega cuando la definición disciplinaria estaba a punto de salir del horno.

El proceso interno había avanzado con una secuencia clara. Primero, la incorporación de información judicial. Luego, la declaración de la denunciante el 24 de abril, y finalmente, el descargo del propio concejal la semana pasada. Con esas instancias cumplidas, sólo restaba evaluar la eventual sanción.

La concejala Malvina Gareca fue directa al explicar la postergación: la solicitud de licencia cambió el escenario. Ahora, los concejales deberán resolver en dos frentes simultáneos: si corresponde sancionar a Casasola y si le conceden o no el apartamiento temporal que solicitó.

Detrás de ese movimiento, el expediente deja ver un caso delicado. La denunciante, que declaró ante la comisión, describió una relación de aproximadamente diez años atravesada por situaciones de violencia que, según su testimonio, fueron escalando. Su exposición fue calificada como extensa y de fuerte carga emocional. Actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico y se mantienen resguardos sobre su identidad.

Por su parte, Casasola negó los hechos en su descargo ante la comisión. Según trascendió, su versión contrasta con el relato de la denunciante y presenta inconsistencias señaladas por integrantes del cuerpo. El concejal también hizo referencia a aspectos del proceso penal, como la desestimación de una ampliación de la denuncia, aunque desde la comisión remarcaron que la causa principal sigue vigente.

La denuncia que originó todo fue presentada el 20 de diciembre de 2025 y está en manos de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1. El hecho más reciente relatado habría ocurrido a mediados de diciembre, en el marco de una discusión que escaló y derivó, días después, en una agresión física. Tras ese episodio, la mujer dejó el domicilio que compartían y se trasladó a la casa de sus padres.

La causa fue caratulada como presuntas lesiones agravadas. La Justicia dispuso medidas de protección, entre ellas una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico para la denunciante.

El caso irrumpe en un clima político ya tensionado dentro de La Libertad Avanza en Salta, que viene de otro episodio reciente con el concejal Pablo Emanuel López, denunciado por su expareja, que derivó en su salida del cuerpo y posterior regreso como monobloque tras las elecciones.

Mientras tanto, la conducción del espacio mantiene silencio público. Referentes como Emilia Orozco y Alfredo Olmedo no se pronunciaron sobre el tema, en un contexto donde las definiciones empiezan a ser cada vez más urgentes.

Con el expediente listo para resolverse, la licencia pedida por Casasola introduce una nueva capa de tensión. La decisión final ya no será sólo jurídica o administrativa: el Concejo Deliberante deberá fijar posición en un caso que combina denuncia penal, responsabilidades institucionales y un fuerte impacto político.