08/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Demian Reidel. Imagen: Web.
La crisis por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos volvió a sacudir al Gobierno nacional. Esta vez, el epicentro del escándalo quedó instalado en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), donde la Justicia federal imputó formalmente al ex titular del organismo, Demian Reidel, por el uso de tarjetas corporativas para gastos que ahora son investigados como posibles maniobras de corrupción.
La decisión fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien impulsó una investigación penal para determinar si durante la gestión de Reidel se utilizaron recursos de la empresa estatal para consumos ajenos a las funciones institucionales del organismo encargado del área nuclear argentina.
La causa se abrió tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y rápidamente comenzó a escalar por la gravedad de las acusaciones. Según el expediente, las sospechas apuntan no solo contra el ex funcionario, sino también contra integrantes del directorio y de la sindicatura de la empresa, por presuntas fallas en los controles y autorizaciones de gastos realizados mediante tarjetas corporativas.
El foco principal de la investigación se centra en la cuenta corporativa N° 338402, utilizada entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que Reidel estuvo al frente de Nucleoeléctrica hasta ser desplazado en medio de fuertes cuestionamientos internos y denuncias públicas.
De acuerdo con el dictamen fiscal, el análisis preliminar de los movimientos detectó gastos en pesos y dólares que “prima facie” aparecerían completamente desvinculados de la actividad institucional de la empresa estatal. La documentación incorporada al expediente reveló operaciones que ahora son examinadas bajo sospecha de administración fraudulenta, peculado, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El escándalo creció todavía más cuando se conoció que el reporte de gastos había ingresado formalmente a la Cámara de Diputados luego de un pedido de acceso a la información pública impulsado por la legisladora Florencia Carignano. Ese documento detallaría consumos realizados durante meses, aunque sin identificar con claridad quién utilizó cada tarjeta ni cuál habría sido el destino institucional de las erogaciones.
Para la fiscalía, esa falta de trazabilidad resulta uno de los puntos más delicados del expediente. El fiscal González remarcó que no existe una rendición documentada que justifique los gastos incluidos en los informes y advirtió que incluso algunos consumos vinculados a supuestos viajes oficiales podrían haber violado la normativa vigente sobre viáticos y utilización de fondos estatales.
Como parte de las primeras medidas de prueba, la Justicia ordenó identificar a todos los usuarios autorizados de las tarjetas investigadas y requirió información bancaria detallada sobre cada operación realizada: fechas, montos, comercios y titulares responsables de los consumos.
Sin embargo, las tarjetas corporativas representan apenas una parte del escándalo que rodea a la gestión de Reidel. Su salida de Nucleoeléctrica, ocurrida el pasado 9 de febrero, se produjo después de una catarata de denuncias por presuntos sobreprecios, contrataciones irregulares y movimientos financieros sospechosos que generaron un fuerte impacto político.
Una de las acusaciones más resonantes estuvo vinculada a una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha. Según las denuncias, el contrato habría sido adjudicado con sobreprecios superiores al 140% respecto de los valores históricos manejados por el organismo.
A eso se sumó otra presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció la compra de un software administrativo para centrales nucleares por siete millones de dólares. El gremio aseguró que el sistema SAP S/4HANA tendría un valor de mercado cercano a los 600 mil dólares, lo que implicaría un presunto sobreprecio superior al mil por ciento.
Las sospechas se profundizaron aún más cuando trascendió que Reidel habría cancelado deudas personales por unos 825 millones de pesos en apenas 18 días. Aunque el ex funcionario sostuvo públicamente que los fondos provenían de operaciones legales y declaradas, las explicaciones no alcanzaron para frenar las denuncias ni el avance judicial.
Mientras el expediente avanza en Comodoro Py, el caso ya genera un fuerte impacto político sobre el Gobierno nacional, que vuelve a quedar envuelto en cuestionamientos por presuntos manejos irregulares de recursos públicos. La investigación recién comienza, pero las acusaciones ya instalaron un nuevo foco de tensión dentro de la administración libertaria, golpeada por una seguidilla de escándalos que no deja de crecer.
