16/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Revisión de papeles al viejo estilo del «Proceso». Imagen: Pablo Lecaros.
Crece la polémica por las denuncias de persecución y hostigamiento contra trabajadores migrantes en distintos puntos del país. Organizaciones sociales y de derechos humanos acusaron al Estado de desplegar operativos policiales dirigidos especialmente contra personas pobres de las comunidades boliviana, paraguaya y peruana, en medio de un clima de fuerte tensión social y económica.
Desde la CTA Autónoma y su Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados denunciaron que en barrios populares y zonas comerciales se multiplicaron controles policiales, pedidos de documentación y operativos callejeros que apuntan principalmente a trabajadores informales y familias migrantes.
Las denuncias apuntan especialmente a zonas como Flores, Once, Liniers y Villa Celina, donde miles de migrantes sostienen actividades vinculadas al comercio, talleres textiles, construcción y servicios. Según los reclamos difundidos por referentes sociales, los procedimientos incluyen cercos policiales, controles masivos y despliegues de fuerzas de seguridad en plena vía pública.
La abogada Yolanda Moreno aseguró que los operativos muestran escenas donde trabajadores son rodeados por efectivos policiales y expuestos públicamente. También denunció que luego esas imágenes circulan en redes sociales y plataformas digitales generando un fuerte impacto mediático.
Otro de los episodios denunciados ocurrió el pasado 19 de marzo en Lomas de Zamora, donde sindicatos docentes denunciaron controles realizados a menores de edad en inmediaciones escolares. Según la acusación, estudiantes de entre 12 y 18 años fueron sometidos a pedidos de documentación y toma de huellas dactilares cuando salían de clases en el barrio Santa Catalina.
Las organizaciones sostienen que los procedimientos son ejecutados de manera conjunta por la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de la Ciudad, mediante operativos de saturación y controles poblacionales que incluyen cortes de calles, verificación de identidad y requisas documentales.
La polémica también escaló por las denuncias sobre supuestas trabas burocráticas para acceder a documentación migratoria y residencia permanente. Según Moreno, los nuevos requisitos económicos y laborales impuestos para regularizar la situación migratoria dejan a miles de personas fuera del sistema formal y expuestas a posibles sanciones, controles o expulsiones.
Las críticas apuntan directamente al gobierno de Javier Milei por las políticas migratorias y de seguridad implementadas desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. Sectores sindicales y organismos sociales denuncian que existe un endurecimiento de los controles sobre comunidades extranjeras en medio del ajuste económico y el aumento de la precarización laboral.
Las organizaciones convocaron a denunciar públicamente los operativos y a reforzar redes de apoyo para migrantes afectados por controles y procedimientos policiales. También reclamaron el cese de las deportaciones y cuestionaron el avance de medidas que, según denunciaron, criminalizan la pobreza y profundizan la tensión social en los barrios populares.
El tema ya comenzó a generar fuerte repercusión política y amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto para el gobierno nacional, en medio de crecientes denuncias por violencia institucional, discriminación y endurecimiento de las políticas migratorias.
