16/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La secretaria de Energía, María Tettamanti. Imagen: Web.
El escándalo por la importación de gas explotó en pleno corazón del Gobierno y dejó a la Secretaría de Energía en el centro de una tormenta política y económica que amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para la gestión de Javier Milei. Lo que empezó como una discusión técnica por la compra de Gas Natural Licuado terminó destapando una maniobra que generó sospechas, acusaciones cruzadas y fuertes cuestionamientos dentro del propio sector energético: el Estado rechazó una oferta por considerarla “cara” y días después terminó pagando un 47% más… a la misma empresa.
La polémica se disparó cuando ENARSA cerró operaciones de regasificación y logística de barcos de GNL a un valor de 5,16 dólares por millón de BTU, pese a que semanas antes el Gobierno había frenado una licitación privada porque consideraba excesivo un canon cercano a los 4,5 dólares. La diferencia encendió todas las alarmas y desató una ola de críticas contra la estrategia energética libertaria justo cuando vuelve a aparecer el fantasma del desabastecimiento de gas para el invierno.
La secuencia dejó al descubierto una contradicción explosiva. El 13 de abril, empresas privadas presentaron ofertas para participar del esquema de importación de GNL. Sin embargo, el 22 de abril la Secretaría de Energía decidió dar de baja la licitación argumentando que ENARSA había elaborado un informe técnico donde sostenía que el costo no debía superar los 3,5 dólares por millón de BTU. Pero apenas semanas más tarde, el propio Estado terminó validando una operación muchísimo más cara y cerrando contratos a 5,16 dólares.
La situación provocó un temblor interno en el mercado energético y abrió interrogantes incómodos sobre la toma de decisiones dentro del Gobierno. En despachos empresarios y oficinas del sector comenzaron a circular preguntas explosivas sobre quién se benefició realmente con la maniobra y por qué el Estado terminó pagando cifras mucho más elevadas después de haber rechazado ofertas menores.
El conflicto gira alrededor de los nueve cargamentos de GNL que ENARSA necesita importar durante junio para cubrir la demanda energética del invierno. El esquema modificó de manera drástica el sistema tradicional del mercado gasífero argentino, trasladando gran parte del riesgo financiero y operativo hacia empresas privadas, industrias y generadoras eléctricas.
La tensión escaló aún más cuando industrias y centrales térmicas recibieron comunicaciones oficiales de MEGSA, la firma encargada de administrar las subastas del Mercado Electrónico del Gas. Allí se informaba que debían competir por el “remanente” del gas importado mientras observaban en tiempo real los precios ofertados por otros participantes. En el sector calificaron el mecanismo como caótico y denunciaron presión oficial para obligar a las empresas a aceptar costos internacionales que multiplican varias veces el precio del gas local.
Las alarmas se encendieron especialmente en el norte argentino. Gobernadores, empresarios y sectores industriales comenzaron a advertir sobre posibles cortes y restricciones de suministro en provincias como Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, regiones históricamente vulnerables por la falta de infraestructura energética.
En medio de la crisis apareció otro dato que alteró todavía más el tablero del negocio gasífero: la firma Trafigura terminó quedándose con cinco de los nueve cargamentos importados para junio, una jugada que generó ruido dentro del mercado y reavivó sospechas sobre la distribución del negocio energético en plena emergencia invernal.
El impacto económico también empezó a preocupar. Las industrias y generadoras eléctricas que convalidaron estos precios extraordinarios deberán trasladar esos costos a tarifas, producción y precios finales. El temor es que el invierno vuelva a convertirse en un motor de aumentos masivos sobre toda la economía justo cuando el Gobierno intenta contener la inflación.
La controversia dejó además una imagen incómoda para el discurso oficial sobre subsidios y equilibrio fiscal. Mientras Economía intenta trasladar el costo pleno del gas importado a empresas y grandes usuarios, el Estado decidió financiar el consumo residencial para evitar un tarifazo inmediato. El Gobierno resolvió que el GNL consumido por hogares durante el invierno se pagará recién desde noviembre y en cuotas hasta 2027, mientras el Tesoro absorberá durante meses un costo financiero estimado entre 150 y 200 millones de dólares.
Con el invierno acercándose, el temor al desabastecimiento creciendo y las sospechas multiplicándose alrededor de las operaciones de ENARSA, el escándalo del gas amenaza con convertirse en una nueva bomba política para la Casa Rosada.
