18/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha de Salud en contra del ajuste de Milei. Imagen: Web.
La política de ajuste del gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de una explosiva polémica tras conocerse un brutal recorte sobre el área nacional destinada a la prevención, investigación y tratamiento del cáncer. En medio de denuncias por faltantes de medicamentos, rechazo masivo de tratamientos y hospitales públicos funcionando al límite, el Programa Nacional de Cáncer sufrió una poda de 5000 millones de pesos que detonó alarmas en todo el sistema sanitario.
La decisión quedó oficializada a través de una modificación presupuestaria que eliminó un tercio de los fondos asignados al Programa 65 del Ministerio de Salud, encargado de abordar una enfermedad que representa una de las principales causas de muerte en Argentina. El recorte se produjo dentro de un ajuste general de 2,3 billones de pesos que golpeó a más de 200 áreas del Estado nacional.
Mientras el Ministerio de Salud aseguró que la atención “está garantizada” y defendió la centralización de compras y la reducción de estructuras administrativas, dentro del sistema sanitario crece un escenario de tensión extrema por el vaciamiento de programas, la pérdida de personal especializado y la escasez de medicamentos oncológicos.
Desde diciembre de 2023, el área nacional dedicada al cáncer perdió más del 40% de su personal. Donde antes trabajaban más de 200 personas, hoy quedan apenas 89 empleados. El ex Instituto Nacional del Cáncer, absorbido por el Ministerio de Salud, quedó reducido a una estructura mínima mientras aumentan las denuncias por demoras, discontinuidades y rechazo de tratamientos.
La situación se volvió todavía más delicada luego de que trascendiera que el Banco de Drogas Oncológicas estaría prácticamente agotando sus reservas. El dato encendió preocupación en distintas provincias donde ya se registran fuertes problemas para acceder a medicación contra el cáncer.
En Santa Fe, por ejemplo, los rechazos de pedidos de medicamentos oncológicos se dispararon de manera explosiva. En 2024 se rechazaron 1372 solicitudes, pero en 2025 la cifra saltó a 2525 negativas, una escalada que golpea directamente sobre pacientes que dependen exclusivamente del sistema público para continuar sus tratamientos.
La crisis también impacta sobre hospitales emblemáticos especializados en oncología. El Hospital Posadas atraviesa un escenario crítico por la falta de personal, despidos y sobrecarga laboral. Profesionales del propio establecimiento aseguran que el servicio de oncología prácticamente dejó de aceptar nuevos pacientes durante meses por la imposibilidad de sostener la atención.
Pacientes derivados desde distintas provincias denuncian demoras interminables para cirugías, suspensión de estudios y atención cada vez más limitada. El deterioro operativo golpea además sobre áreas sensibles como diagnóstico, cuidados paliativos y tratamientos preventivos.
El Instituto Roffo, uno de los principales centros oncológicos del país, también quedó atrapado en el colapso presupuestario. Trabajadores y pacientes describen un escenario marcado por equipos rotos, falta de insumos, renuncias de profesionales y tratamientos interrumpidos por problemas técnicos o administrativos.
Pacientes oncológicos relataron suspensiones de tomografías por falta de reactivos, mamografías canceladas por rotura de equipos y demoras de meses para acceder a medicamentos esenciales. Muchos debieron recurrir a donaciones, acciones judiciales o ayuda de otros pacientes para sostener tratamientos cuyo costo resulta imposible de afrontar de manera privada.
La Asociación Argentina de Oncología Clínica advirtió además sobre un fuerte crecimiento en los rechazos de tratamientos en todo el país. Según los primeros relevamientos realizados por la entidad, casi la mitad de las negativas provienen de empresas de medicina prepaga y otro porcentaje importante corresponde al PAMI.
Especialistas del sector alertan que el impacto más silencioso del ajuste aparece en prevención y detección temprana. La caída en la entrega de kits para detectar cáncer cervicouterino y colorectal podría traducirse en diagnósticos tardíos y mayor mortalidad en los próximos años.
El oncólogo Daniel Gómez, exdirector del Instituto Nacional del Cáncer, describió el escenario como un “abandono del paciente oncológico” y aseguró que existe evidencia de demoras, discontinuidad de tratamientos y traslado de costos hacia provincias y familias. Según explicó, muchos pacientes terminan vendiendo bienes personales o iniciando recursos judiciales para intentar acceder a medicamentos que llegan tarde o directamente no aparecen.
La reestructuración presupuestaria golpeó además otras áreas sensibles del sistema sanitario. El ajuste eliminó más de 63 mil millones de pesos en Salud Pública e impactó sobre programas de VIH, tuberculosis, hepatitis, lepra, prevención de enfermedades transmisibles, Incucai y el Instituto Malbrán.
Mientras tanto, trabajadores de la salud, pacientes y organizaciones sociales comenzaron a organizar protestas contra el recorte sanitario. El próximo 20 de mayo se realizará una marcha frente al Ministerio de Salud para denunciar el desfinanciamiento del sistema, el vaciamiento de programas nacionales y la reducción extrema del plan RemediAR, que pasará de cubrir 79 medicamentos a apenas tres.
En medio de un sistema cada vez más tensionado, hospitales desbordados y pacientes atrapados entre demoras, rechazos y falta de medicamentos, la crisis oncológica se transformó en uno de los focos más explosivos del ajuste libertario sobre la salud pública argentina.
