18/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Aborto legal. IVE Siguen los intentos de esquivar la ley. Imagen: AFP.
Un explosivo escándalo sacude al sistema de salud porteño tras la denuncia por la filtración de información médica confidencial de una mujer que solicitó una interrupción legal del embarazo en la Ciudad de Buenos Aires. El caso encendió alarmas entre organizaciones feministas, organismos de derechos humanos y profesionales de la salud luego de que la paciente comenzara a recibir llamados, mensajes y contactos insistentes provenientes de sectores vinculados a grupos antiderechos apenas horas después de reclamar la cobertura del medicamento misoprostol ante su prepaga.
La denuncia penal presentada por la Red de Abogadas Feministas exige investigar si existió una filtración ilegal de datos médicos sensibles protegidos por secreto profesional y apunta directamente a determinar si personal de la prepaga Medicus, organismos públicos o integrantes del sistema de salud divulgaron información vinculada a la historia clínica de la paciente.
El caso gira en torno a una mujer, que el pasado 7 de mayo inició el trámite para acceder al misoprostol indicado por su médico obstetra tras la interrupción espontánea de un embarazo. Según denunció, la prepaga autorizó únicamente el 40% de cobertura del medicamento pese a que la ley establece cobertura total para procedimientos de interrupción legal y voluntaria del embarazo.
Ante la negativa parcial de la empresa, la mujer presentó un reclamo formal ante Medicus y realizó además una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Lo que ocurrió después desató un escándalo que ahora busca esclarecer la Justicia.
Apenas un día más tarde, comenzó a recibir llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp provenientes de personas desconocidas que le preguntaban si había “confirmado el embarazo” y la invitaban a participar de “charlas informativas gratuitas” relacionadas con embarazos no deseados.
La paciente denunció que durante esas comunicaciones descubrió que quienes la contactaban estarían vinculados a perfiles en redes sociales identificados como “tudecision.embarazo”, una cuenta recientemente creada y relacionada con organizaciones antiderechos que intervienen en casos de embarazos no deseados para persuadir a mujeres de no interrumpir gestaciones.
La situación generó máxima preocupación porque la información manejada incluía datos extremadamente sensibles vinculados a la salud sexual y reproductiva de la paciente, protegidos por secreto médico y normas de privacidad sanitaria.
En la presentación judicial, la mujer pidió que se investigue cómo la organización obtuvo acceso a sus datos personales y médicos, si existió filtración de información desde bases de datos privadas o públicas y si personal de la prepaga o integrantes del sistema sanitario divulgaron ilegítimamente información confidencial.
La denuncia también solicita investigar posibles delitos vinculados a acceso ilegal a bases de datos, violación de secreto profesional y eventual ejercicio ilegal de la medicina por parte de quienes realizaron los contactos.
El caso desató alarma entre organizaciones feministas y colectivos que trabajan en el acceso al aborto legal, quienes advierten sobre el crecimiento de estructuras vinculadas a sectores religiosos y antiderechos que operan sobre personas gestantes en situación de vulnerabilidad.
La cuenta “tudecision.embarazo”, señalada en la denuncia, utiliza expresiones como “embarazo inesperado”, terminología habitualmente asociada a organizaciones que militan contra el derecho al aborto en distintos países de América Latina. Existen además perfiles similares en Argentina y Chile vinculados a grupos que ofrecen “acompañamiento” y asesoramiento orientado a desalentar interrupciones de embarazo.
El episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de algunas prepagas y obras sociales frente a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Referentes del sistema de salud porteño reconocieron que, pese a la vigencia de la ley 27.610, continúan existiendo obstáculos, demoras y negativas por parte de prestadores privados para garantizar el acceso efectivo a abortos legales.
Según denunciaron profesionales especializados en salud sexual y reproductiva, muchas usuarias terminan recurriendo al sistema público ante las trabas impuestas por algunas empresas privadas de medicina prepaga.
En este caso, la paciente finalmente debió acudir al Hospital Argerich para concretar el procedimiento médico luego de no obtener respuestas adecuadas por parte de la prepaga.
Desde organizaciones feministas señalaron que la situación expone un escenario extremadamente grave porque involucra el posible uso ilegal de información médica confidencial para intervenir sobre decisiones reproductivas de mujeres y personas gestantes.
La filtración de datos sensibles encendió además preocupación sobre posibles redes de acceso irregular a información sanitaria vinculada a embarazos, tratamientos y prácticas médicas protegidas por confidencialidad profesional.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, redes de profesionales de la salud y agrupaciones vinculadas al derecho al aborto anunciaron que el caso formará parte de las acciones y protestas previstas para el próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Mientras la Justicia intenta determinar cómo circuló la información confidencial, el caso abrió un nuevo foco de tensión política y social alrededor del acceso al aborto legal, la privacidad médica y el rol de sectores antiderechos dentro del sistema sanitario argentino.
