18/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis Toto Caputo, el ministro que fundió dos veces a la Argentina. Imagen: Juan Foglia/NA.
El gigantesco ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei empezó a mostrar señales de agotamiento en medio de una economía golpeada por la recesión, la caída de la recaudación y una inflación que terminó pulverizando las propias proyecciones oficiales. El recorte de casi 2,5 billones de pesos anunciado por el Ministerio de Economía dejó expuesto que el superávit fiscal libertario atraviesa una situación cada vez más delicada y que las cuentas de Luis Caputo quedaron atrapadas en una trampa que el propio Gobierno ayudó a construir.
La motosierra fiscal impactó sobre más de 250 programas estatales y golpeó áreas sensibles como salud, universidades, ciencia, asistencia social y transferencias a provincias. Aunque técnicamente la reducción representa apenas un 1,6% del gasto total, el impacto político y social fue inmediato porque el ajuste avanzó sobre sectores ya golpeados por meses de recortes y paralización presupuestaria.
El problema central para el Gobierno es que el equilibrio fiscal comenzó a quedar atrapado entre dos fuerzas que avanzan al mismo tiempo. Por un lado, la recesión hunde la recaudación tributaria. Por el otro, la inflación sigue empujando el gasto público mucho más arriba de lo que había calculado el oficialismo.
La caída de ingresos ya lleva nueve meses consecutivos. El derrumbe del consumo, el freno de la actividad económica y la desaceleración general de la economía golpearon con fuerza la recaudación nacional. A eso se suman las rebajas impositivas impulsadas por el propio Gobierno sobre empresas y sectores de mayor poder económico, incluyendo cambios en Ganancias, retenciones y Bienes Personales.
Mientras la caja estatal se achica, los gastos indexados siguen creciendo a toda velocidad. El principal detonante de la crisis fiscal aparece en el propio Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno, que proyectó una inflación anual del 10,1%, una cifra que terminó explotando en apenas cuatro meses.
Hasta abril, el índice de inflación acumuló un 12,3%, superando ya toda la pauta prevista para el año completo. El desfasaje dejó completamente fuera de control los cálculos oficiales y convirtió al presupuesto nacional en una estructura desactualizada frente al avance real de los precios.
El impacto más fuerte golpea sobre jubilaciones, seguridad social y partidas atadas a la inflación, sectores que representan casi la mitad del gasto total del Estado. Cada aumento de precios obliga automáticamente al Gobierno a destinar más recursos mientras la recaudación continúa cayendo.
Especialistas en administración pública advirtieron que el oficialismo quedó prácticamente sin margen de maniobra. Con el gasto creciendo muy por encima de lo previsto y el ajuste ya impactando sobre áreas críticas, el Gobierno enfrenta ahora decisiones de alto costo político y social.
La posibilidad de profundizar todavía más la motosierra aparece limitada porque muchas partidas ya fueron llevadas al extremo. Subsidios, obra pública, programas sanitarios, ciencia y transferencias a provincias vienen soportando recortes masivos desde el inicio de la gestión libertaria.
La otra salida sería ampliar el presupuesto y reconocer formalmente que la inflación destruyó las proyecciones oficiales. Pero esa posibilidad choca contra el corazón del relato económico de Milei, que convirtió el superávit fiscal en la bandera central de su administración y de sus campañas electorales.
También aparece sobre la mesa la posibilidad de modificar nuevamente las reglas de actualización jubilatoria y previsional, una alternativa que podría abrir otro foco de conflicto social en un contexto donde el deterioro económico ya golpea con fuerza a millones de argentinos.
Mientras tanto, la inflación continúa devorando el ajuste casi en tiempo real. Los ahorros generados por los recortes comienzan a desaparecer rápidamente frente al aumento permanente de gastos indexados y la caída de ingresos tributarios.
El escenario dejó a Luis Caputo bajo máxima presión en medio de un programa económico que depende del equilibrio fiscal para sostenerse políticamente y mantener la estabilidad financiera. Sin embargo, la combinación de recesión, inflación persistente y deterioro social empieza a poner en duda la capacidad del Gobierno para sostener el ajuste sin abrir nuevos focos de crisis.
En paralelo, distintos sectores afectados por la motosierra comenzaron a denunciar desfinanciamiento, parálisis de programas y vaciamiento de áreas sensibles del Estado. Salud pública, hospitales, universidades y organismos científicos quedaron entre los más golpeados por el recorte.
Con la inflación avanzando por encima de las metas oficiales y la economía todavía sin señales claras de recuperación, el plan económico libertario enfrenta ahora una amenaza que nace desde el corazón de sus propias cuentas: un ajuste que cada vez necesita ser más profundo para sostener un superávit que la inflación amenaza con hacer desaparecer.
