21/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcos Segura Alzogaray, Gustavo Ferraris, Elsa Pereyra Maidana. Cuestionamientos por los informes del Fondo de Reparación Histórica. Redes Sociales
La crisis explotó en uno de los organismos clave para controlar las cuentas públicas de Salta. Dos auditores generales quedaron al borde del juicio político en medio de acusaciones demoledoras por presuntas irregularidades, demoras escandalosas y maniobras que habrían frenado durante años el control sobre el multimillonario Fondo de Reparación Histórica.
Los pedidos fueron impulsados por los diputados Guillermo Durand Cornejo y Luis Albeza, quienes apuntaron directamente contra el presidente provisional de la Auditoría General de la Provincia, Marcos Segura Alsogaray, y la auditora Elsa Pereyra Maidana. La bomba política estalló por los informes vinculados al manejo del Fondo de Reparación Histórica, una caja millonaria que durante años estuvo rodeada de sospechas y cuestionamientos.
Durand Cornejo denunció que durante una década se dejaron “cajoneadas” auditorías fundamentales y advirtió que apenas se habría ejecutado el 48 por ciento de las obras previstas con esos recursos. Según sostuvo, los funcionarios incurrieron en conductas incompatibles con sus cargos y habrían provocado un grave daño institucional y patrimonial.
Pero el golpe más duro cayó sobre Pereyra Maidana. El diputado oficialista Luis Albeza la acusó de una productividad “catastrófica”, demoras injustificables y maniobras internas para esquivar controles dentro de la propia Auditoría. Según la denuncia, entre 2023 y 2025 prácticamente no cerró auditorías y acumuló decenas de expedientes paralizados.
La situación generó un verdadero terremoto político porque la Auditoría ya atraviesa una crisis interna feroz tras la salida de Gustavo Ferraris y Abdo Esper, que dejaron vacantes dos cargos clave en el organismo. Ahora, con dos de los tres auditores restantes bajo fuego, crece el escándalo alrededor del ente encargado de controlar las cuentas públicas de la provincia.
Desde la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas reconocieron además que la falta de informes impide cerrar ejercicios presupuestarios pendientes desde 2018 y 2019, profundizando el caos administrativo y político.
Mientras tanto, la pelea interna en la Auditoría deja al descubierto un organismo paralizado, atravesado por denuncias cruzadas y sospechas de encubrimiento, justo cuando debía garantizar transparencia sobre uno de los fondos más cuestionados de la historia reciente de Salta.
