26/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: ANDIS. Imagen: Mariano Martino.
La causa judicial por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad comenzó a desnudar un esquema de corrupción que golpea de lleno el discurso anticasta del gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada sostiene el ajuste sobre jubilados, universidades y prestaciones sociales, la Justicia investiga un circuito de retornos millonarios dentro de uno de los sectores más sensibles del Estado: la asistencia a personas con discapacidad.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, detectó un mecanismo de intermediación ilegal que habría funcionado alrededor de las contrataciones públicas de la ANDIS. Según el expediente, operadores externos se quedaban con hasta el 20% del monto total de las operaciones adjudicadas por el organismo.
En el centro de la maniobra aparece Miguel Ángel Calvete, señalado como un supuesto articulador clave entre funcionarios y empresas proveedoras. Aunque no formaba parte oficialmente de la estructura estatal, la investigación sostiene que intervenía activamente en el direccionamiento de adjudicaciones y en la circulación de pagos vinculados a licitaciones millonarias.
Los elementos incorporados a la causa resultan explosivos. Los investigadores encontraron registros contables, mensajes y anotaciones internas donde aparecen cifras exactas equivalentes al 20% de contratos pagados por el Estado. Para la fiscalía, la correlación entre los montos facturados y las sumas presuntamente cobradas como retornos muestra un patrón sistemático y difícil de explicar como una coincidencia.
Uno de los episodios más comprometidos involucra al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, Daniel Garbellini. En un mensaje incorporado al expediente, el funcionario hablaba irónicamente de “sus ofrendas de esta semana” junto a una lista de contratistas por más de 2 mil millones de pesos. El dato se volvió aún más delicado cuando la Justicia comprobó que ese mismo día la ANDIS emitió certificados de pago por exactamente el mismo monto mencionado en la conversación.
La causa sacude especialmente al Gobierno porque impacta sobre un área extremadamente sensible desde lo social y político. Organizaciones vinculadas a la discapacidad vienen denunciando desde hace meses recortes, demoras en pagos y deterioro de prestaciones esenciales. En paralelo, ahora aparecen sospechas de desvíos y retornos millonarios dentro del propio sistema que debía garantizar asistencia.
El escándalo también vuelve a poner en discusión el relato libertario de transparencia y eficiencia estatal. Mientras el oficialismo insiste con la motosierra sobre políticas públicas y ajuste del gasto social, la investigación judicial expone posibles circuitos de negocios y corrupción alrededor de fondos destinados a sectores vulnerables.
En los próximos días podrían producirse nuevas imputaciones y llamados a indagatoria, mientras avanzan peritajes contables y cruces de información financiera. La fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de funcionarios nacionales y empresarios involucrados en un esquema que amenaza con transformarse en otro dolor de cabeza político para la administración libertaria.
