28/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Adorni acorralado, presión empresaria, sospechas de enriquecimiento y una declaración jurada que no aparece. Manuel Adorni. Imagen: Tomás Cuesta/Getty Images/AFP.+
La situación de Manuel Adorni se vuelve cada día más incómoda para el gobierno de Javier Milei. Acorralado por las sospechas sobre el explosivo crecimiento de su patrimonio, el jefe de Gabinete sigue demorando la presentación de su declaración jurada mientras la Justicia avanza con investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y crecen las versiones sobre una inminente citación a indagatoria.
Lo que comenzó como un murmullo opositor ya se transformó en un problema político que atraviesa incluso al propio oficialismo y al círculo empresario más cercano al modelo libertario. Este miércoles, la presión sumó una voz de peso: el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, le pidió públicamente a Adorni que presente “cuanto antes” sus números para evitarle más costos políticos a la Casa Rosada.
“Que lo haga lo más rápido posible”, lanzó Gabbi, en una frase que cayó como una señal de alarma dentro del Gobierno.
El reclamo resulta especialmente incómodo porque no proviene de un opositor sino de uno de los referentes empresariales que respaldan el rumbo económico libertario. Gabbi evitó atacar directamente al funcionario, pero dejó una advertencia contundente: Adorni debe explicar “correctamente” tanto su patrimonio como el de su esposa.
La presión sobre el vocero presidencial viene creciendo desde hace semanas. El propio Javier Milei había asegurado el pasado 7 de mayo que la presentación de la declaración jurada era “cuestión de días”. Sin embargo, casi un mes después, el documento sigue sin aparecer y las sospechas se multiplican.
En el entorno de Adorni aseguran ahora que la presentación ocurrirá en los primeros días de junio. Pero mientras gana tiempo, la investigación judicial avanza silenciosamente en Comodoro Py y empieza a cercarlo cada vez más.
Según trascendió, el funcionario habría esperado deliberadamente a que el clima mundialista dominara la agenda pública y a conocer primero los avances de la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita. La estrategia habría sido medir cuánto logró reconstruir la Justicia sobre sus movimientos financieros antes de exponer oficialmente su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción.
Las tensiones internas tampoco ayudan. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel dejaron trascender su malestar por la demora y exigieron públicamente que el funcionario transparente sus números. La ministra de Seguridad incluso llegó a pedirle a Milei la salida del vocero, aunque el Presidente la frenó de manera tajante.
Bullrich, en un gesto leído dentro del oficialismo como una provocación directa, presentó rápidamente su propia declaración jurada mostrando un patrimonio de 257 millones de pesos, muy lejos de los montos millonarios en dólares que rodean las sospechas sobre Adorni.
Detrás del escándalo aparece un entramado de propiedades, viajes de lujo y gastos millonarios difíciles de compatibilizar con el salario oficial del funcionario.
Uno de los focos principales de la investigación es una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de Bettina Angeletti. La propiedad habría costado 120 mil dólares y luego recibió refacciones valuadas en otros 245 mil dólares, incluyendo pileta, jacuzzi y cascada, según declaró el contratista Matías Tobar.
Mientras esas obras avanzaban, Adorni también habría alquilado otra casa en el mismo barrio privado por 21 mil dólares durante un año y medio. La Justicia analiza especialmente la modalidad de los pagos: efectivo, movimientos difíciles de rastrear y montos incompatibles con los ingresos declarados.
La investigación además incluye un departamento en Caballito escriturado por 340 mil dólares, viajes a destinos exclusivos como Punta del Este, Nueva York y Aruba, consumos millonarios con tarjetas y operaciones con criptomonedas no declaradas por al menos 80 mil dólares.
El dato que más inquieta en tribunales es la magnitud del dinero involucrado: entre propiedades, viajes, remodelaciones y gastos de lujo, Adorni y su entorno familiar habrían movilizado más de 800 mil dólares desde su desembarco en el Gobierno.
Todo esto ocurre mientras la Justicia prepara un paso clave. El juez Ariel Lijo analiza citar a indagatoria al funcionario por una causa vinculada a vuelos a Punta del Este presuntamente pagados por la productora de Marcelo Grandío, empresario ligado a negocios con la TV Pública.
La sospecha judicial gira alrededor de una posible dádiva encubierta.
Y el escándalo no termina ahí. En los últimos días también aparecieron detalles sobre una estadía familiar de lujo en el hotel Llao Llao de Bariloche, cuya factura superó los 9 millones de pesos y cuya reserva habría sido gestionada por un empleado vinculado al grupo IRSA.
Dentro del oficialismo crece el temor a que el caso se transforme en un golpe político de gran escala para un gobierno que construyó buena parte de su discurso alrededor de la “casta”, la transparencia y la supuesta superioridad moral frente a la política tradicional.
Mientras tanto, la declaración jurada prometida sigue sin aparecer y cada día de demora alimenta todavía más las sospechas.
