28/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Axel Kicillof. Imagen: Web.
El gobierno de Axel Kicillof abrió un nuevo frente de guerra contra Mercado Libre y puso en la mira a Marcos Galperín, uno de los empresarios más alineados con Javier Milei. La administración bonaerense advirtió que podría aplicarle una multa de hasta 1.815 millones de pesos si la empresa no elimina una serie de cláusulas consideradas “abusivas” y presuntamente violatorias de la Ley de Defensa del Consumidor.
La ofensiva fue impulsada por el Ministerio de Producción bonaerense, conducido por Augusto Costa, que inició una actuación de oficio sobre el funcionamiento del denominado “ecosistema MELI”, incluyendo las condiciones de uso de Mercado Libre y los contratos vinculados a Mercado Pago y préstamos personales.
El mensaje político es contundente: la Provincia acusa a la compañía de imponer condiciones desequilibradas en perjuicio de los usuarios mientras acumula miles de denuncias por parte de consumidores bonaerenses.
Según informó la administración provincial, en apenas los primeros cuatro meses de 2026 ya se registraron 2.396 denuncias individuales contra Mercado Libre, convirtiéndola en la empresa con más reclamos de toda la provincia de Buenos Aires.
La investigación detectó más de diez cláusulas bajo sospecha.
Entre los principales cuestionamientos aparecen la posibilidad de modificar contratos de manera unilateral, la aceptación tácita de cambios por parte de los usuarios, cobros con tarifas poco claras y el traslado de responsabilidades al consumidor ante usos no autorizados de cuentas.
Pero las observaciones van todavía más lejos.
El gobierno bonaerense también cuestionó cláusulas que liberarían anticipadamente de responsabilidad a la empresa frente a fallas técnicas, permitirían débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato o establecerían jurisdicciones desfavorables para los consumidores.
En la Provincia sostienen que todas esas disposiciones generan “un desequilibrio” entre las partes y vulneran derechos básicos protegidos por la legislación argentina.
La advertencia ya quedó formalizada: si Mercado Libre no presenta una propuesta para adecuar, modificar o eliminar las cláusulas observadas, podría enfrentar una sanción multimillonaria.
La empresa de Marcos Galperín tiene ahora cinco días hábiles para presentar un descargo formal y acreditar domicilio legal y electrónico en La Plata.
El conflicto vuelve a exponer la tensión política entre el gobierno de Axel Kicillof y uno de los empresarios más identificados con el modelo libertario de Javier Milei.
Galperín se convirtió en los últimos años en uno de los principales respaldos empresariales del oficialismo nacional y mantiene una relación cercana con Luis Caputo y referentes de La Libertad Avanza. Esa alineación política profundizó el enfrentamiento con sectores del peronismo bonaerense.
El choque ya había tenido un episodio fuerte el año pasado, cuando Galperín replicó acusaciones de Caputo contra Kicillof por un supuesto impuesto a las billeteras virtuales. Desde la Provincia desmintieron entonces la existencia de ese tributo y acusaron al empresario de montar operaciones políticas contra la gestión bonaerense.
En paralelo, Mercado Libre sigue envuelta en otra disputa explosiva con el municipio de La Matanza por la construcción de un gigantesco centro logístico valuado en 75 millones de dólares.
La obra fue clausurada inicialmente por falta de habilitación municipal durante la gestión de Fernando Espinoza, aunque posteriormente logró retomar actividades mediante una cautelar judicial.
La pelea continúa abierta en tribunales y suma tensión entre el gigante tecnológico y distintos sectores del peronismo.
Mientras tanto, la avanzada bonaerense sobre Mercado Libre abre un debate más amplio sobre el poder de las plataformas digitales, las condiciones impuestas a millones de usuarios y el rol del Estado frente a empresas que concentran cada vez más peso económico y financiero.
En el gobierno de Kicillof buscan instalar que no se trata solamente de una disputa política con Galperín, sino de una intervención para frenar prácticas que consideran abusivas y que afectan diariamente a consumidores de toda la provincia.
Del otro lado, el entorno del empresario interpreta la ofensiva como un nuevo capítulo de hostigamiento político contra una de las compañías más emblemáticas del país y una figura clave del empresariado alineado con Milei.
