29/05/2026.- Salta al Instante.-Foto portada: Ilustrativa. Web.
El avance de la causa judicial que investiga una presunta red de trata y explotación sexual de estudiantes en la capital salteña sumó un capítulo de alta tensión en las últimas horas. Durante la audiencia celebrada en el edificio del Juzgado Federal de Salta, uno de los principales imputados, identificado bajo las iniciales G.C., prestó declaración testimonial en un clima marcado por la confrontación, los agravios hacia las autoridades judiciales y un intento de desacreditar las denuncias presentadas por las víctimas.
G.C., quien se encuentra señalado por la investigación como uno de los presuntos clientes y explotadores sexuales dentro de esta organización, está acusado de formar parte de un grupo de hombres que abonaban sumas de dinero para abusar sexualmente de las alumnas. Al momento de tomar la palabra, y bajo la asistencia técnica de su abogado defensor, Darío Daniel Palmier, el imputado ensayó una estrategia de defensa basada en el desconocimiento de la edad de las afectadas, asegurando que no sabía que las víctimas eran menores de edad. Sin embargo, fuentes vinculadas al expediente judicial aseguran que la causa cuenta con pruebas contundentes y de gran peso que exponen de manera clara la minoridad de las jóvenes que resultaron ultrajadas.
Más allá de sus afirmaciones sobre los hechos, lo que provocó mayor repercusión fue la actitud exhibida por G.C. dentro de la sala de audiencias. Diversas fuentes consultadas que estuvieron presentes en el lugar, pertenecientes tanto a la Fiscalía Federal como a la defensa de las víctimas —quienes actualmente no cuentan con una querella formalizada— e incluso el propio personal administrativo del juzgado, coincidieron de forma unánime en que el acusado mostró un comportamiento marcadamente soberbio, desafiante e irrespetuoso desde el inicio de la jornada.
El principal blanco de los ataques verbales de G.C. fue el fiscal general de la causa, Eduardo Villalba. En lo que pareció ser una maniobra deliberada para deslegitimar el proceso penal en su contra, el imputado sugirió abiertamente que la Fiscalía podría haber efectuado pagos económicos a las víctimas para inducir sus declaraciones testimoniales. Ante esta acusación, el fiscal Villalba rechazó tajantemente los agravios, respondiendo con firmeza que la institución ni siquiera dispone de recursos presupuestarios suficientes para cubrir gastos básicos como el suministro eléctrico de las oficinas dependientes del Ministerio Público Fiscal. Lejos de retractarse ante la réplica judicial, el acusado persistió en su postura hostil y desvió sus sospechas hacia la esfera privada, señalando que tal vez eran abogados particulares quienes estaban financiando a las jóvenes para que sostuvieran sus relatos ante la Justicia.
En paralelo a la declaración del imputado, la estrategia de la defensa técnica también buscó frenar el avance de las actuaciones. El abogado Darío Daniel Palmier intentó impugnar las declaraciones que las víctimas brindaron previamente bajo el sistema de Cámara Gesell, un mecanismo clave para resguardar la integridad de los menores involucrados en este tipo de delitos. A pesar de este planteo, las autoridades judiciales ratificaron que la investigación penal continúa avanzando con paso firme.
En este contexto, la Fiscalía Federal interviniente consideró oportuno recordar los protocolos de seguridad y reserva que rigen sobre este tipo de causas sensibles, remarcando que los imputados bajo ninguna circunstancia pueden recibir o poseer copias impresas de los testimonios de las víctimas. Al respecto, el juez federal a cargo de la causa, el magistrado Bavio, dictó una resolución específica: determinó que los abogados defensores tendrán el derecho garantizado de acceder y leer las declaraciones para armar sus estrategias legales, pero tendrán estrictamente prohibido entregar reproducciones físicas de estos documentos a sus defendidos o dejarlas dentro de las celdas de detención.
La jornada en los tribunales federales también contó con la comparecencia de otro de los implicados en la causa, identificado como E.C. Este segundo individuo se encuentra imputado en el expediente por los delitos de tenencia y distribución de material pornográfico infantil, y es uno de los dos acusados que actualmente goza del beneficio de la prisión domiciliaria. A diferencia de G.C., y a pesar de haber asistido a la sede judicial bajo la representación de la defensa oficial, E.C. optó por llamarse al silencio y decidió no prestar declaración ante el juez y el fiscal en esta oportunidad. Mientras tanto, la sociedad salteña sigue de cerca el desarrollo de este caso que ha generado profunda conmoción comunitaria e institucional.
