01/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei y Sandra Pettovello. Imagen: Web.
Mientras millones de argentinos enfrentan salarios golpeados por la inflación y un mercado laboral cada vez más precario, crecen las denuncias por un supuesto desmantelamiento de las estructuras estatales encargadas de controlar el trabajo en negro y proteger los derechos laborales.
Un informe elaborado por especialistas del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación advirtió que la gestión de Javier Milei avanza sobre la Secretaría de Trabajo con una combinación explosiva de despidos, recortes presupuestarios, cierre de dependencias y reducción de inspecciones en todo el país.
Según el relevamiento, el área laboral perdió una parte significativa de sus recursos durante los últimos dos años. Los investigadores sostienen que la reducción afecta especialmente a programas de capacitación, empleo y fiscalización, precisamente en un contexto donde la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas de la economía argentina.
Las cifras encendieron las alarmas. De acuerdo con el informe, más de tres de cada diez trabajadores detectados en empresas inspeccionadas se encontraban sin registrar. En provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Luis, los niveles de informalidad superarían incluso el 40%.
A esto se suma la fuerte reducción de personal dentro del Ministerio de Capital Humano. El documento señala que miles de puestos fueron eliminados desde el inicio de la actual gestión y que además existen versiones sobre nuevas reestructuraciones que podrían incluir el cierre de áreas y dependencias territoriales.
Los especialistas remarcan que estas oficinas cumplen un papel clave para fiscalizar condiciones laborales, combatir el empleo informal, detectar casos de trabajo infantil y acercar programas de capacitación a distintos puntos del país. Su eventual desaparición implicaría una menor presencia estatal en el territorio.
La preocupación también alcanza al sistema de inspecciones. Aunque las metas formales se mantienen, el informe advierte que la cobertura efectiva de los controles se reduciría considerablemente, disminuyendo la capacidad para detectar irregularidades laborales y sancionar incumplimientos.
Otro de los puntos cuestionados es la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que incorporó mecanismos de regularización con amplias reducciones de multas para empleadores que mantenían trabajadores sin registrar. Para los autores del estudio, esto representa un cambio profundo en la lógica de control estatal, al priorizar incentivos para el blanqueo posterior en lugar de endurecer las sanciones contra quienes incumplieron la ley.
En medio de una economía marcada por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la incertidumbre laboral, el debate ya no gira solamente alrededor del ajuste presupuestario. La discusión de fondo apunta a qué papel tendrá el Estado en la protección de los trabajadores y en el control de las condiciones laborales durante los próximos años.
Para los investigadores, el riesgo es claro: menos controles, menos presencia territorial y menos recursos podrían abrir la puerta a una expansión aún mayor del trabajo informal y la precarización laboral en Argentina.
