04/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste sobre los servicios públicos y oficializó un nuevo aumento en el gas propano por redes, un combustible esencial para miles de familias que viven en localidades sin acceso a la red de gas natural. La medida llega en la antesala del invierno y vuelve a encender las críticas por el impacto que tendrá en los hogares de menores ingresos y en las regiones más frías del país.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 126/2026 de la Secretaría de Energía y disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE). El nuevo esquema eleva al 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE) el valor de referencia que se traslada a las facturas de los usuarios.
La actualización representa un nuevo salto en la política de reducción de subsidios impulsada por la administración libertaria. En marzo de 2024 el porcentaje trasladado a las tarifas era del 25%; en junio de 2025 había escalado al 40%; y ahora alcanza el 60%, consolidando un esquema que transfiere cada vez más costos a los consumidores.
El aumento afecta a usuarios de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos donde el gas propano constituye la única alternativa para cocinar, calefaccionarse y acceder al agua caliente.
El impacto será particularmente fuerte durante los meses más fríos del año. En Malargüe, Mendoza, un usuario residencial de consumo medio deberá afrontar cargos fijos superiores a los 33 mil pesos mensuales, mientras que en provincias del noreste como Formosa, Misiones y Chaco se registran algunos de los valores más elevados por metro cúbico consumido.
En Santa Fe, los usuarios de Rufino también enfrentarán incrementos significativos, mientras que en localidades bonaerenses abastecidas por propano los cargos fijos ya superan ampliamente los 20 mil pesos mensuales antes de sumar el consumo.
Uno de los aspectos más cuestionados del nuevo esquema es que las tarifas quedarán atadas de manera automática a las variaciones internacionales del precio del propano. En la práctica, esto implica que los usuarios estarán expuestos a futuras subas sin necesidad de nuevas resoluciones específicas, perdiendo previsibilidad sobre el costo de un servicio básico para atravesar el invierno.
Mientras el Gobierno defiende la medida bajo el argumento de reducir el gasto público y avanzar hacia la eliminación de subsidios, sectores opositores y asociaciones de consumidores advierten que el ajuste recae con mayor fuerza sobre poblaciones que no tienen alternativas energéticas y que ya enfrentan un fuerte deterioro de su poder adquisitivo.
