05/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La investigación por una presunta red de pensiones por invalidez obtenidas de manera fraudulenta sumó nuevos capítulos esta semana tras una serie de allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional en distintas localidades del departamento Anta. Como resultado de los operativos, otras ocho personas quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal y podrían ser imputadas en los próximos días, elevando a más de veinte el número total de involucrados en la causa.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta y se llevaron adelante en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. Entre los lugares allanados hubo domicilios particulares, consultorios privados e incluso dependencias vinculadas al sistema de salud pública.
La investigación se inició en 2023 a partir de una causa impulsada por el fiscal federal Carlos Amad, quien detectó maniobras irregulares similares entre la localidad chaqueña de Taco Pozo y el departamento Anta. Con el avance de las pesquisas, los investigadores comenzaron a reconstruir una presunta estructura integrada por profesionales de la salud, gestores y funcionarios que habría facilitado el acceso irregular a pensiones por discapacidad.
Según la hipótesis de la investigación, el mecanismo consistía en confeccionar certificados médicos con patologías inexistentes o exageradas para gestionar beneficios previsionales destinados a personas que no reunían las condiciones necesarias. Entre las enfermedades más utilizadas para justificar los expedientes figuraban supuestos casos de Chagas y graves desviaciones de columna.
Los investigadores sostienen que la organización habría contado con una red de apoyo integrada por médicos, enfermeros, bioquímicos y otros actores vinculados al ámbito público. También se investiga la participación de intermediarios que actuaban como captadores de beneficiarios en sectores vulnerables.
Durante los recientes allanamientos se secuestró una importante cantidad de documentación médica. Entre los elementos hallados figuran radiografías de tórax y columna correspondientes a distintas personas, estudios clínicos presuntamente adulterados y documentación que ahora será sometida a peritajes.
Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de numerosas placas radiográficas con diagnósticos similares y espacios en blanco destinados a completar posteriormente los datos de los pacientes. También se detectaron análisis relacionados con enfermedad de Chagas que serían copias de estudios anteriores y no documentos originales.
La Gendarmería sostiene además que algunos certificados habrían sido firmados por personas que no poseían título médico habilitante, lo que constituye uno de los aspectos más graves de la investigación.
Hasta el momento, la causa ya cuenta con 14 personas imputadas como resultado de los primeros operativos realizados durante 2024. Con las nuevas pruebas incorporadas al expediente, la Fiscalía analiza avanzar contra otras ocho personas, entre ellas tres profesionales de la salud y funcionarios provinciales.
La próxima etapa será la audiencia de formalización de imputaciones, donde se definirán los cargos que podrían enfrentar los nuevos sospechosos. Mientras tanto, la Justicia continúa profundizando una investigación que busca determinar el alcance real de una maniobra que habría afectado recursos públicos destinados a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
