08/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha por los desaparecidos durante la última dictadura militar. Imagen: Archivo.
A medio siglo del golpe militar que sumergió a la Argentina en una de las etapas más oscuras de su historia, la Justicia Federal acaba de lanzar una señal política y judicial de enorme impacto: el Estado tiene la obligación de investigar y explicar qué ocurrió con todos los detenidos desaparecidos de la última dictadura.
La decisión llega en un contexto de fuerte disputa sobre la memoria histórica, con sectores del oficialismo impulsando discursos que relativizan los crímenes del terrorismo de Estado y promueven la polémica teoría de la llamada «memoria completa». Frente a ese escenario, la Cámara Federal porteña emitió un fallo que muchos organismos de Derechos Humanos consideran un contundente freno al negacionismo.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal y surge a partir de un habeas corpus colectivo presentado por la agrupación SonSinCuenta, integrada por hijos, hijas y familiares de personas desaparecidas durante la dictadura.
El mensaje de los jueces fue claro: el derecho a conocer la verdad no pertenece únicamente a las familias de las víctimas, sino a toda la sociedad argentina.
La Cámara ordenó avanzar en la construcción de un gran acervo informativo que permita determinar el destino final de los desaparecidos, localizar restos aún no identificados y reunir toda la información disponible dispersa en organismos judiciales y estatales.
La medida representa un fuerte revés para quienes sostienen que el tema está cerrado o completamente investigado. Por el contrario, los magistrados señalaron que mientras existan víctimas cuyo destino siga siendo desconocido, la obligación estatal de buscar respuestas continúa vigente.
Un reclamo nacido a los 50 años del golpe
La iniciativa fue impulsada el pasado 24 de marzo, exactamente cuando se cumplieron cinco décadas del golpe de Estado de 1976.
A las 3.10 de la madrugada, hora simbólica que recuerda el inicio de la asonada militar, integrantes de SonSinCuenta presentaron el recurso judicial reclamando que el Estado informe qué ocurrió con cada uno de los desaparecidos.
El nombre del colectivo no es casual. SonSinCuenta nació como respuesta a quienes cuestionan la cifra histórica de los 30 mil desaparecidos. Sus integrantes sostienen que la cantidad exacta nunca podrá determinarse plenamente mientras el propio Estado continúe ocultando información o no haya reconstruido completamente los hechos.
Inicialmente, el juez federal Sergio Ramos reconoció la legitimidad del reclamo, pero consideró que la herramienta elegida no era la adecuada para una investigación de semejante magnitud.
La agrupación apeló la decisión y la Cámara Federal terminó dándole la razón.
Una decisión con fuerte contenido político
El fallo fue firmado por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.
Los camaristas rechazaron la idea de que la búsqueda de información se limite a casos individuales y remarcaron que se trata de una cuestión colectiva que involucra a toda la comunidad.
Por eso ordenaron ampliar las investigaciones y coordinar acciones con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, distintas fiscalías especializadas y organismos estatales vinculados a Derechos Humanos.
La resolución también cuestiona que sean nuevamente los familiares quienes deban aportar información que ya debería encontrarse en expedientes judiciales o archivos estatales.
En otras palabras, la Justicia puso la responsabilidad donde considera que corresponde: en el Estado.
La herida que sigue abierta
Desde SonSinCuenta celebraron el fallo, aunque advirtieron que la batalla recién comienza.
Los integrantes del colectivo sostienen que el desafío ahora será garantizar que la resolución se cumpla efectivamente, especialmente en un contexto político que consideran adverso para las políticas de memoria, verdad y justicia.
Para muchas familias, el paso del tiempo no cerró las heridas. Al contrario. Cincuenta años después, miles de personas siguen sin saber dónde están los restos de sus padres, madres, hermanos o familiares.
El reclamo que comenzó con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continúa vigente porque la pregunta sigue sin respuesta para numerosos casos: ¿qué hicieron con los desaparecidos?
La Cámara Federal acaba de establecer que esa respuesta no es una concesión política ni un gesto simbólico. Es una obligación legal del Estado argentino.
Y mientras exista una sola víctima cuyo destino permanezca oculto, la búsqueda deberá continuar.
