11/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La diputada salteña Marianela Marinaro presentó una iniciativa que propone impedir que personas registradas como deudoras alimentarias puedan ejercer cargos políticos hasta regularizar su situación judicial y económica.
La discusión sobre la responsabilidad de quienes ocupan funciones públicas sumó un nuevo capítulo en Salta. Un proyecto presentado por la diputada provincial Marianela Marinaro propone que las personas incluidas en el registro de deudores alimentarios no puedan acceder ni ejercer cargos políticos mientras mantengan incumplimientos con sus obligaciones alimentarias.
La iniciativa busca endurecer las consecuencias para quienes adeudan cuotas alimentarias, sumándose a una serie de restricciones que ya existen en distintos ámbitos administrativos, judiciales y gubernamentales para quienes figuran en estos registros.
Según explicó la legisladora, el objetivo es establecer un criterio de coherencia entre la conducta personal y la función pública. «Si no son responsables con sus propios hijos, difícilmente puedan ser responsables con los intereses de toda la sociedad», sostuvo al presentar la propuesta.
El proyecto plantea que la regularización de la deuda alimentaria sea una condición indispensable para poder desempeñarse en cargos políticos, una medida que apunta a fortalecer los estándares éticos dentro de la administración pública.
La problemática de los deudores alimentarios viene ganando espacio en la agenda pública durante los últimos años. Diversas jurisdicciones avanzaron con restricciones para obtener licencias, acceder a determinados beneficios o realizar trámites mientras persistan incumplimientos vinculados a cuotas alimentarias.
En ese contexto, la iniciativa de Marinaro busca trasladar ese criterio al ámbito político, incorporando una exigencia adicional para quienes aspiren a representar a la ciudadanía o ejercer funciones de gobierno.
La propuesta deberá ahora recorrer el camino legislativo correspondiente dentro de la Cámara de Diputados provincial, donde será debatida por las distintas comisiones antes de llegar al recinto.
De avanzar, Salta podría sumarse a una tendencia que busca reforzar la responsabilidad parental mediante sanciones que trascienden el ámbito judicial y alcanzan otras esferas de la vida pública.
