13/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Espert, Adorni y Sturzenegger. Imagen: Web.
La polémica por el patrimonio de Manuel Adorni ya dejó de ser un caso aislado. Lo que comenzó como una controversia sobre los fondos declarados por el jefe de Gabinete terminó revelando una tendencia que atraviesa a buena parte del corazón del gobierno de Javier Milei: la carrera de varios funcionarios para incorporarse al cuestionado régimen de «Inocencia Fiscal».
En medio de investigaciones, denuncias y crecientes cuestionamientos públicos, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias. Sin embargo, lejos de tratarse de una excepción, la decisión dejó al descubierto una extensa lista de dirigentes oficialistas que también buscaron amparo bajo el paraguas de la normativa impulsada por el propio Gobierno.
Entre los nombres que aparecen figura el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el diputado José Luis Espert, el documentalista Santiago Oría y otros referentes cercanos al núcleo duro libertario. La nómina incluye además asesores y funcionarios estratégicos que decidieron acogerse al mecanismo que limita el alcance de futuras fiscalizaciones patrimoniales.
Las críticas se multiplican porque el régimen es interpretado por sus detractores como una herramienta que reduce los controles del Estado sobre declaraciones anteriores y dificulta la detección de posibles inconsistencias fiscales. Para la oposición, se trata de una norma diseñada para ofrecer tranquilidad patrimonial a sectores cercanos al poder.
El ruido político aumenta debido a que varios de los adherentes al régimen aparecen vinculados, directa o indirectamente, a controversias públicas, investigaciones o denuncias previas. Esa coincidencia temporal alimenta sospechas y profundiza el debate sobre la transparencia de la administración libertaria.
La contradicción resulta inevitable para los críticos del Gobierno. Mientras desde la Casa Rosada se construyó un discurso basado en la lucha contra la «casta» y en la necesidad de terminar con los privilegios de la política tradicional, varios de sus principales referentes decidieron acogerse a un mecanismo que hoy genera fuertes cuestionamientos sobre el control de sus patrimonios.
Con Adorni en el centro de la tormenta, pedidos de explicaciones en el Congreso y una creciente presión pública, el régimen de «Inocencia Fiscal» amenaza con convertirse en otro frente de conflicto para una administración que prometió transparencia absoluta, pero que ahora enfrenta preguntas cada vez más incómodas sobre el patrimonio de sus principales funcionarios.
