15/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
La polémica por la adhesión de Manuel Adorni al régimen simplificado de Ganancias dejó de ser un problema individual para convertirse en un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Javier Milei. Lo que inicialmente parecía una decisión personal del jefe de Gabinete terminó revelando una tendencia más amplia dentro de la administración libertaria: varios funcionarios de alto rango también decidieron incorporarse al esquema impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La situación generó fuertes cuestionamientos debido a que el trámite realizado por Adorni se conoció en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La coincidencia temporal encendió alarmas en la oposición, que ahora apunta no solo contra el jefe de Gabinete sino también contra otros integrantes del Ejecutivo que optaron por el mismo beneficio fiscal.
Según trascendió, uno de los primeros en adherirse fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presentó su solicitud el 7 de mayo. Su incorporación abrió el camino para que otros funcionarios siguieran la misma estrategia.
Poco después se sumó el secretario de Justicia, Santiago Viola. Su caso despertó especial atención debido a que ocupa un área directamente vinculada con la legalidad institucional y los mecanismos de control del Estado. Para los sectores opositores, su adhesión alimenta las sospechas sobre la utilización de herramientas tributarias por parte de funcionarios que deberían garantizar la máxima transparencia.
La lista continuó creciendo con el nombre de Andrés Vázquez, titular de ARCA, el organismo que precisamente administra el régimen simplificado. Su incorporación provocó cuestionamientos adicionales debido a que decidió adherirse a un sistema gestionado por la propia entidad que conduce.
Otro funcionario que aparece en los registros es Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia y una figura cercana al entorno comunicacional del Gobierno. Aunque su peso político es menor que el de otros integrantes del gabinete, su adhesión fue interpretada como parte de un fenómeno más amplio dentro del oficialismo.
Pero los nombres no terminan allí. También aparecen vinculados al régimen el diputado nacional José Luis Espert, uno de los dirigentes más cercanos a Milei; el embajador argentino ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias; y Juan Pazos, extitular de ARCA.
La controversia creció todavía más cuando trascendió que Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, también se incorporó al sistema. Para los críticos del Gobierno, este dato fortalece la idea de que el entorno más cercano al jefe de Gabinete decidió avanzar de manera coordinada hacia el mismo esquema tributario.
Mientras tanto, dos ausencias sobresalen dentro de la nómina de adherentes. Ni el presidente Javier Milei ni la vicepresidenta Victoria Villarruel aparecen registrados dentro del régimen simplificado. Tampoco figuran la ministra Sandra Pettovello ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes continúan bajo otras categorías impositivas.
La secuencia de adhesiones también llamó la atención por el momento en que ocurrieron. Sturzenegger inició el trámite en mayo, mientras que José Luis Espert lo hizo durante junio. En el caso de Adorni, la incorporación quedó registrada en medio de la creciente presión judicial y política que enfrenta el funcionario.
El dato que más inquieta a la oposición es que la adhesión de Adorni figura formalmente bajo el código “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”, confirmando que el trámite fue aprobado y que actualmente forma parte del sistema.
Desde el Gobierno defienden el régimen simplificado argumentando que busca reducir trámites burocráticos, agilizar presentaciones impositivas y facilitar el cumplimiento tributario. Según la explicación oficial, se trata de una herramienta destinada a modernizar procedimientos y simplificar la relación entre contribuyentes y el Estado.
Sin embargo, para los sectores opositores la discusión va mucho más allá de una cuestión administrativa. Consideran que funcionarios con acceso privilegiado a información y estructuras estatales no deberían acogerse a mecanismos diseñados para simplificar obligaciones fiscales, especialmente en medio de investigaciones y denuncias que afectan a algunos de ellos.
La controversia ya llegó al Congreso. Legisladores opositores impulsan una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni y analizan avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Lo que comenzó como un trámite tributario terminó transformándose en un nuevo campo de batalla política que amenaza con profundizar la crisis del Gobierno.
Cada nueva adhesión conocida alimenta el debate y aumenta la presión sobre la Casa Rosada. Mientras el oficialismo insiste en que se trata de un procedimiento legal y transparente, la oposición sostiene que el caso expone privilegios y abre interrogantes que todavía esperan respuestas.
