30/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Daniel Segura (izq.) y Carlos Saravia. Imagen: Redes Sociales.
La controversia por los aumentos de las facturas de energía eléctrica en General Güemes sumó un nuevo capítulo con una denuncia penal presentada por el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, contra el diputado provincial Daniel Segura.
El funcionario acusó al legislador de presuntas irregularidades vinculadas a incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, omisión de información patrimonial y posibles influencias indebidas. Segura rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una maniobra para desviar la discusión central: el elevado costo de la energía eléctrica que pagan los usuarios salteños.
La presentación judicial profundiza una disputa que comenzó en medio del conflicto generado por las refacturaciones realizadas por la empresa distribuidora Edesa en General Güemes. El caso provocó reclamos masivos de vecinos, una auditoría del organismo regulador y una sanción económica superior a los 238 millones de pesos contra la compañía.
Hasta ahora, el debate estaba concentrado en el desempeño de Edesa y el rol del ENRESP como organismo de control. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Daniel Segura comenzó a cuestionar públicamente la actuación de Saravia y reclamó mayores controles sobre la empresa concesionaria.
La denuncia presentada por Saravia
Según informó el titular del ENRESP, la denuncia penal contempla posibles delitos relacionados con la administración pública, entre ellos la omisión maliciosa de declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario.
Saravia planteó que Segura habría ejercido presiones públicas con el objetivo de condicionar sus decisiones al frente del organismo regulador. También sostuvo que las críticas del diputado estarían vinculadas a las referencias realizadas sobre la empresa familiar Miguel Segura SA, firma en la que el legislador posee participación.
En su presentación, el funcionario solicitó que se investigue si existieron incompatibilidades entre la actividad empresarial y la función pública ejercida por Segura. Además, entregó documentación patrimonial correspondiente a las declaraciones juradas del diputado realizadas en 2020 y 2024.
El presidente del ENRESP afirmó que esos documentos no reflejarían correctamente la participación societaria del legislador ni la relación comercial de la empresa con organismos estatales.
Como parte de la denuncia, detalló una serie de contrataciones públicas realizadas entre 2021 y 2026 a favor de Miguel Segura SA por un monto superior a los 674 millones de pesos, principalmente destinadas a la provisión de alimentos y módulos para programas sociales y emergencias.
Saravia también informó que presentó su propia declaración jurada patrimonial ante la Procuración General para garantizar transparencia sobre su actuación.
Segura negó las acusaciones y apuntó contra el organismo regulador
El diputado Daniel Segura rechazó la denuncia y aseguró que responde a sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema eléctrico provincial.
“Esto busca desviar la atención de un tema mucho más importante: las tarifas que pagan los salteños”, sostuvo el legislador, quien recordó que sus diferencias con Saravia comenzaron cuando impulsó pedidos de mayor transparencia sobre las mediciones de consumo realizadas por Edesa.
Segura reconoció su vínculo con Miguel Segura SA y afirmó que nunca ocultó su participación en la empresa familiar. “La empresa la inició mi abuelo, la continuó mi padre y nosotros somos directores. Siempre estuvo declarado”, expresó.
Además, indicó que todavía no recibió una notificación formal de la Justicia, aunque aseguró que responderá cuando sea convocado.
El legislador insistió en que el verdadero problema continúa siendo el costo del servicio eléctrico. Señaló que Salta se encuentra entre las provincias con las tarifas más elevadas del país y cuestionó que el ENRESP no brinde respuestas sobre esa situación.
Según Segura, el organismo regulador debería priorizar la defensa de los usuarios y no actuar en favor de la empresa prestataria.
El conflicto por las facturas de General Güemes
El enfrentamiento entre ambos dirigentes se originó tras los reclamos de vecinos de General Güemes que denunciaron incrementos extraordinarios en sus boletas de electricidad.
Algunos usuarios recibieron facturas que pasaron de montos cercanos a los 80 mil pesos a cifras superiores a los 400 mil pesos. Edesa explicó posteriormente que se produjo un inconveniente durante una migración de datos, lo que provocó que consumos acumulados fueran incorporados en las facturas emitidas en mayo.
Ante la situación, el ENRESP inició una auditoría y ordenó a la empresa suspender cortes de suministro por falta de pago mientras se desarrollaba la investigación.
Finalmente, el organismo sancionó a Edesa con una multa de $238.906.621, destinada a compensar a 991 usuarios afectados de General Güemes.
Para Saravia, la sanción confirmó la responsabilidad de la distribuidora y funcionó como una advertencia para evitar nuevos errores. Para Segura, en cambio, el episodio reveló fallas más profundas en el sistema de control y reclamó una revisión integral de las facturas en toda la provincia.
Mientras la Justicia analiza la denuncia presentada contra el diputado, el conflicto continúa abierto entre dos discusiones que quedaron vinculadas: las responsabilidades institucionales frente al servicio eléctrico y la disputa política alrededor de uno de los principales reclamos de los usuarios salteños.
