08/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Hospital Público Materno Infantil. Imagen: Web.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, formalizó la acusación contra los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, a quienes les atribuye el delito de peculado, al considerar que habrían aprovechado sus funciones en el Hospital Público Materno Infantil para sustraer equipamiento médico perteneciente al Estado y utilizarlo en una empresa privada de la que ambos eran socios.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los profesionales, quienes se desempeñaban en el servicio de Neonatología del hospital, habrían utilizado el acceso que tenían al equipamiento médico para retirar bienes públicos que se encontraban bajo custodia del nosocomio e incorporarlos al funcionamiento de Neofénix, una empresa privada dedicada a la atención neonatal.
La investigación sostiene que ambos obtenían un beneficio económico mediante el uso de equipos pertenecientes al patrimonio del Hospital Público Materno Infantil, situación que motivó la acusación por el delito previsto en el artículo 261 del Código Penal.
En paralelo, la fiscal solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas durante la investigación, al concluir que no existían elementos suficientes para vincularlas con los hechos investigados.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, luego de que una inspección realizada por el Ministerio de Salud Pública detectara la posible presencia de equipamiento perteneciente al hospital estatal en la unidad de terapia intensiva neonatal de una clínica privada ubicada sobre calle Alvarado 858.
A partir de esa denuncia, la Unidad de Delitos Económicos Complejos llevó adelante una serie de medidas investigativas que incluyeron el análisis de documentación patrimonial y administrativa, declaraciones testimoniales, inspecciones, registros, pericias técnicas y el secuestro judicial del equipamiento, que posteriormente fue restituido al hospital.
Como resultado de esas diligencias, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) constató que los seis equipos médicos secuestrados durante un allanamiento coincidían, mediante sus números de serie, con los bienes denunciados como faltantes por el Hospital Público Materno Infantil.
Para la fiscal Salinas Odorisio, la conducta investigada no solo habría ocasionado un perjuicio al patrimonio estatal, sino que también comprometió el correcto funcionamiento de la administración pública, al tratarse de equipamiento destinado a la atención de pacientes en un hospital público de alta complejidad.
Asimismo, sostuvo que los hechos investigados habrían vulnerado los principios de fidelidad, probidad y transparencia que deben regir el desempeño de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
El caso adquiere una relevancia especial debido a que, recientemente, el Hospital Público Materno Infantil fue incluido por séptimo año consecutivo en el ranking HospiRank 2026 elaborado por Global Health Intelligence, que lo posiciona entre los establecimientos de salud más destacados de América Latina por su capacidad hospitalaria y su nivel de equipamiento.
En ese contexto, también se destacó el trabajo de la Fundación del Hospital Público Materno Infantil, cuya tarea permite incorporar tecnología médica mediante aportes y eventos solidarios. En los últimos meses, la entidad entregó al hospital equipamiento de última generación destinado a distintas áreas, entre ellos un ecógrafo oftalmológico, un ecógrafo portátil para Neonatología, un ecógrafo cardiológico portátil y dos electrocardiógrafos para Cardiología.
