10/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Ilustrativa. Web.
El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia con un proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, que será debatida en el Senado, derogaría la ley sancionada en 2011, una norma que fijó restricciones para proteger zonas consideradas estratégicas. Especialistas, legisladores y organizaciones sociales advierten que la reforma podría facilitar la concentración de territorios con agua dulce, minerales críticos y áreas de frontera, además de debilitar los mecanismos de control sobre operaciones inmobiliarias.
Una ley que vuelve a poner la soberanía en discusión
Mientras el Gobierno sostiene que busca fortalecer la protección de la propiedad privada, la oposición y distintos especialistas interpretan que el proyecto abre la puerta a una mayor participación extranjera en territorios considerados estratégicos para el país.
Actualmente, la legislación vigente establece que las personas o sociedades extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural nacional, además de imponer límites provinciales, departamentales y restricciones especiales sobre determinadas áreas.
La propuesta impulsada por el oficialismo elimina esas limitaciones.
El debate ya no gira únicamente alrededor de la propiedad privada, sino también sobre el control de recursos naturales considerados esenciales para el futuro del país.
Agua dulce, minerales y fronteras bajo la lupa
Uno de los principales cuestionamientos apunta al tipo de territorios que podrían quedar disponibles para nuevas adquisiciones.
Diversos especialistas sostienen que las zonas más codiciadas coinciden con regiones que concentran lagos patagónicos, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, grandes cuencas hídricas y áreas fronterizas sensibles.
Según las voces críticas, la eventual eliminación de las restricciones podría facilitar operaciones sobre espacios donde existen reservas estratégicas de agua potable, litio, cobre, oro y otros recursos naturales de creciente valor internacional.
También advierten que la flexibilización de los controles en zonas limítrofes podría generar nuevos desafíos para la seguridad.
Las cifras oficiales muestran un escenario muy diferente al discurso oficial
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en la nota, 13,2 millones de hectáreas rurales permanecen actualmente en manos extranjeras, lo que representa alrededor del 5% del total nacional.
Ese porcentaje se encuentra muy por debajo del límite legal del 15%.
Sin embargo, especialistas sostienen que esas cifras podrían no reflejar completamente la realidad debido a cambios normativos introducidos durante el gobierno de Mauricio Macri, que modificaron la forma de contabilizar las sociedades extranjeras y redujeron los mecanismos de control sobre los beneficiarios finales de las operaciones.
Desde esos sectores se plantea la hipótesis de un posible subregistro, aunque esa afirmación no constituye una conclusión oficial.
Salta aparece entre las provincias más comprometidas
El mapa de la extranjerización presenta fuertes diferencias según la región.
Entre las provincias con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras figuran Salta (11%), Misiones (11%), San Juan (10%), Mendoza (9%), Catamarca (8%), Santa Cruz (8%) y Corrientes (8%).
Pero el dato que más preocupa a quienes rechazan la reforma aparece a nivel departamental.
San Carlos y Molinos, en la provincia de Salta, registran porcentajes que superan ampliamente el límite previsto por la legislación vigente, con aproximadamente 60% y 58% de sus tierras rurales en manos extranjeras, respectivamente.
También aparecen entre los casos más relevantes departamentos de Neuquén, La Rioja, Buenos Aires, Corrientes y Misiones.
Especialistas advierten sobre la protección del agua
Uno de los artículos cuya derogación genera mayor preocupación es el que actualmente impide que ciudadanos extranjeros adquieran tierras ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes.
Para distintos especialistas consultados por el medio, esa modificación podría habilitar operaciones inmobiliarias sobre lagos, ríos y acuíferos considerados estratégicos para el abastecimiento de agua y para futuros desarrollos energéticos o tecnológicos.
Entre los ejemplos mencionados figura la posibilidad de expansión de grandes emprendimientos turísticos, energéticos o centros de procesamiento de datos en regiones de alto valor ambiental.
El debate también alcanza a las zonas de frontera
Otro de los puntos más discutidos es la reforma del régimen que regula la adquisición de tierras en áreas fronterizas.
La iniciativa plantea cambios en el sistema de autorizaciones para operaciones inmobiliarias en esos territorios.
Especialistas en seguridad sostuvieron durante el debate parlamentario que una flexibilización de los controles podría facilitar que organizaciones criminales intenten consolidar presencia territorial en pasos fronterizos utilizados para actividades ilícitas.
Uno de los expertos convocados al Senado mencionó como hipótesis el eventual interés de organizaciones narcocriminales internacionales en adquirir tierras en sectores limítrofes estratégicos.
Se trata de un escenario planteado como advertencia y no como una situación actualmente comprobada.
El Senado debatirá una de las reformas más sensibles del Gobierno
El proyecto impulsado por el oficialismo reabre una discusión que atraviesa a la Argentina desde hace décadas: hasta dónde debe permitirse la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y qué mecanismos necesita el Estado para proteger recursos considerados estratégicos.
Mientras el Gobierno sostiene que la iniciativa fortalece la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, organizaciones sociales, especialistas y sectores de la oposición advierten que la reforma podría modificar de manera profunda el control sobre territorios vinculados al agua, los minerales, la biodiversidad y las fronteras nacionales.
La definición quedará ahora en manos del Senado, donde comenzará uno de los debates más trascendentes sobre soberanía territorial y recursos naturales desde la sanción de la Ley de Tierras Rurales en 2011.
