13/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Ilustrativa. Web.
Especialistas y organizaciones sociales advirtieron que el Gobierno nacional impulsa un cambio en su política laboral al priorizar la inserción de beneficiarios de programas sociales en empleos privados de bajos salarios, mientras reduce el apoyo a cooperativas y emprendimientos de la economía popular. Las críticas surgieron tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre incorporaciones laborales en la cadena McDonald’s.
El reciente anuncio del Ministerio de Capital Humano, que celebró la incorporación de beneficiarios del programa Volver al Trabajo a puestos laborales en la cadena McDonald’s, abrió un fuerte debate sobre el rumbo de la política social y laboral impulsada por el Gobierno nacional.
Según un informe publicado por El Destape, especialistas y organizaciones sociales sostienen que la iniciativa refleja un cambio de paradigma, en el que el Estado deja de promover el fortalecimiento de la economía popular para incentivar empleos privados caracterizados por bajos salarios, alta rotación y jornadas parciales.
El debate se produce en un contexto complejo para el mercado laboral argentino. De acuerdo con los datos citados en el informe, seis de cada diez personas en edad de trabajar que viven por debajo de la línea de pobreza ya tienen empleo, aunque sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica.
Cuestionamientos al programa oficial
El Ministerio de Capital Humano presentó como un logro la incorporación de beneficiarios del programa Volver al Trabajo a empleos en la empresa multinacional de comida rápida.
Sin embargo, desde distintas organizaciones sociales aseguran que el anuncio no representa una verdadera política de inserción laboral, sino que intenta mostrar una reconversión que, según afirman, no se refleja en la realidad.
La secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Johanna Duarte, señaló que menos del 10% de los más de 930.000 beneficiarios del programa se inscribieron en los cursos de capacitación promovidos por el Gobierno, al tiempo que recordó que una medida cautelar de la Justicia mantiene vigente el programa mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Según la dirigente, el Gobierno continúa obligado a sostener las prestaciones y los anuncios buscan ocultar el ajuste sobre las políticas destinadas a los sectores más vulnerables.
La defensa de la economía popular
Desde la UTEP sostienen que la economía popular no puede ser reemplazada por empleos precarios en grandes empresas.
Las organizaciones remarcan que miles de trabajadores desarrollan actividades en cooperativas textiles, de construcción, reciclado, producción de alimentos, agricultura familiar y emprendimientos autogestionados, sectores que —afirman— necesitan políticas públicas de fortalecimiento y no de sustitución.
La secretaria general adjunta de la UTEP, Norma Morales, sostuvo que el ingreso que reciben quienes integran el programa no constituye un subsidio para personas desocupadas, sino un reconocimiento, aunque insuficiente, al trabajo que realizan diariamente en distintos sectores de la economía.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno busque reemplazar las políticas de fortalecimiento de la economía popular por mecanismos de intermediación laboral con empresas privadas.
Un mercado laboral con mayor informalidad
El informe también advierte que este cambio ocurre en un escenario donde el empleo privado formal continúa retrocediendo.
Según datos del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) citados en la publicación, entre principios de 2025 y 2026 se perdieron 196.000 puestos asalariados formales y 46.000 ocupaciones independientes registradas.
En contraste, durante el mismo período crecieron en 274.000 los empleos asalariados informales y en 360.000 las ocupaciones independientes informales, lo que, según el estudio, evidencia que la reconversión productiva no está generando empleos de mayor calidad.
Trabajadores pobres y mayor endeudamiento
Las organizaciones también alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida de quienes integran la economía popular.
Según Duarte, los sectores populares recurren cada vez más al endeudamiento para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos o ropa, debido a la pérdida del poder adquisitivo.
Además, advirtió que muchas familias quedan excluidas del sistema financiero formal y terminan recurriendo a prestamistas informales, que aplican tasas de interés muy elevadas y generan situaciones de extrema vulnerabilidad.
En la misma línea, Norma Morales sostuvo que el desmantelamiento de políticas públicas dejó a miles de trabajadores sin herramientas para sostener sus actividades productivas, favoreciendo la expansión del crédito informal y otras formas de financiamiento consideradas abusivas.
Un debate sobre el modelo laboral
Para las organizaciones consultadas, el convenio anunciado por el Ministerio de Capital Humano trasciende un acuerdo puntual con una empresa privada y representa una redefinición del rol del Estado en materia laboral.
Según plantean, mientras se reducen las políticas de apoyo a cooperativas y unidades productivas, el Gobierno prioriza mecanismos que facilitan la incorporación de trabajadores a empresas privadas sin garantizar mejores condiciones laborales, en un contexto marcado por la pérdida de empleo formal, el crecimiento de la informalidad y el aumento de la pobreza entre quienes ya tienen trabajo.
