04/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Ilustrativa. Imagen: AFP.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los prácticos portuarios escaló a un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueadas operaciones clave del comercio exterior. Con más de 140 buques detenidos, crece la preocupación por el abastecimiento de combustibles y las pérdidas económicas.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la desregulación del servicio de practicaje desató una fuerte crisis en los principales puertos del país. El paro por tiempo indeterminado de prácticos, pilotos y baqueanos mantiene paralizadas las exportaciones y amenaza con afectar el suministro de nafta, gasoil y fuel oil.
Según los datos difundidos hasta el momento, al menos 140 buques permanecen inmovilizados, mientras continúan frenadas las operaciones en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud. La interrupción golpea tanto al comercio exterior como a la distribución interna de combustibles.
La protesta surgió como respuesta al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La norma modifica el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de abrir el mercado, aumentar la competencia y reducir los costos logísticos.
Desde el sector rechazan la iniciativa y exigen que la medida sea suspendida o derogada antes de iniciar cualquier instancia de negociación. Sostienen que los cambios comprometen la seguridad de la navegación y ponen en riesgo un servicio considerado estratégico para la actividad portuaria.
Frente al endurecimiento del conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar de manera individual a más de 500 profesionales para que retomen sus funciones. El Gobierno argumenta que el practicaje constituye un servicio público esencial y advirtió que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso denuncias penales.
Mientras tanto, el impacto económico ya comienza a sentirse. La paralización de los puertos genera demoras en las exportaciones, pérdidas millonarias de divisas y el desvío de embarcaciones hacia terminales de Montevideo y del sur de Brasil, incrementando los costos logísticos.
La controversia también trascendió las fronteras argentinas. La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico expresó su rechazo al decreto al considerar que podría afectar la seguridad de la navegación, entrar en conflicto con el Tratado del Río de la Plata y apartarse de recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).
En su pronunciamiento, la entidad sostuvo que el practicaje es una actividad indispensable para proteger la vida humana, preservar el ambiente y garantizar operaciones portuarias seguras. Además, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre ambos países para revisar los alcances de la nueva normativa.
El Decreto 690/2026 elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores, establece un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval y permite la contratación libre del servicio. También faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas y obliga a las empresas a transparentar precios y operaciones.
La reforma incorpora además nuevas reglas para el transporte de prácticos, flexibiliza las condiciones para determinadas exenciones y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de la zona y dominio del idioma inglés. Sin embargo, mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para reducir costos, el conflicto mantiene en vilo a los puertos y amenaza con profundizar el impacto sobre la economía.
