06/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Sesión Pública Especial, el 26 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina. Imagen:Sofia Areco/Comunicación Senado/Prensa.
Aunque el Gobierno de Javier Milei retiró el capítulo que habilitaba la extranjerización de tierras, en Salta las organizaciones sociales, indígenas, sindicales y académicas ratificaron la movilización prevista para este jueves. Advierten que el proyecto aún conserva artículos que, según denuncian, facilitan desalojos, modifican la Ley de Manejo del Fuego y endurecen las expropiaciones.
La decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo que permitía flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros no logró desactivar el conflicto. En Salta, la movilización convocada para este jueves continuará porque organizaciones sociales consideran que el proyecto aún mantiene reformas que afectan derechos territoriales y ambientales.
El oficialismo resolvió dar marcha atrás luego de perder respaldo en el Senado. Los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa ordenaron a las senadoras de sus espacios rechazar ese apartado, mientras que el senador radical Daniel Kroneberger también anticipó su voto negativo, dejando al Gobierno sin los apoyos necesarios.
En ese escenario, la senadora salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Sáenz, confirmó que también votaría en contra si el capítulo permanecía en el proyecto. La legisladora argumentó que la iniciativa sufrió múltiples modificaciones y que el texto definitivo seguía cambiando hasta pocas horas antes de la sesión.
Tras conocerse la decisión, Sáenz celebró públicamente la eliminación del capítulo sobre extranjerización de tierras y reivindicó la defensa de la soberanía nacional a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
La protesta sigue por el resto de la reforma
Las organizaciones remarcan que el conflicto no termina con la eliminación de ese punto. Señalan que el proyecto aún conserva 48 artículos que modifican el régimen de propiedad privada, aceleran los procesos de desalojo, endurecen las condiciones para las expropiaciones y reforman la Ley de Manejo del Fuego.
Para comunidades indígenas, campesinas y organizaciones de derechos humanos, esos cambios podrían afectar especialmente a poblaciones que todavía no cuentan con el reconocimiento formal de sus territorios.
La dirigente wichí Tujuay Gea Zamora advirtió que las comunidades viven en un estado de permanente preocupación desde la caída de la Ley 26.160, al considerar que quedaron con menor protección jurídica frente a posibles desalojos.
Además, sostuvo que la reducción de controles sobre los territorios fronterizos podría agravar otras problemáticas que afectan al norte argentino, como la trata de personas y el avance del narcotráfico.
Cuestionamientos jurídicos
Desde la organización ALFA, dedicada a la defensa de los derechos humanos en el norte argentino, señalaron que el texto mantiene mecanismos de desalojo mediante procedimientos sumarísimos y habilita la restitución anticipada de inmuebles antes de que exista una sentencia firme.
También advirtieron que el proyecto no incorpora garantías específicas para las comunidades indígenas ni contempla sus reclamos territoriales históricos, situación que, según sostienen, incrementa el riesgo de conflictos sobre la posesión de tierras.
Respecto de la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, la entidad aseguró que los cambios propuestos permanecen prácticamente sin modificaciones y alertó sobre posibles impactos ambientales.
Convocatoria en Plaza 9 de Julio
La movilización comenzará este jueves a las 17 en la Plaza 9 de Julio, desde donde partirá una marcha hacia la Legislatura provincial. La actividad incluirá una ceremonia en homenaje a la Pachamama, la construcción de una apacheta colectiva y un festival artístico.
La convocatoria reúne a organizaciones indígenas, movimientos campesinos, sindicatos, agrupaciones de derechos humanos, sectores de la CGT y productores criollos. También se anunciaron actividades similares en localidades del interior provincial, entre ellas Pichanal.
Para los convocantes, la eliminación del capítulo sobre extranjerización representa un retroceso del Gobierno nacional, pero no resuelve el resto de las reformas que aún consideran una amenaza para los derechos territoriales y la soberanía.
