12/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Milei y Caputo, ¿alguna vez darán explicaciones?. Imagen: Archivo.
Una denuncia penal apunta contra funcionarios de Economía, Vialidad y Banco Nación por el supuesto desvío de más de $1 billón destinados por ley a obras viales. Parte de los fondos habría sido colocada en instrumentos financieros y otra suma girada a provincias durante votaciones clave del Congreso.
Denuncian que el Gobierno desvió fondos destinados a las rutas
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente bajo la lupa por el manejo del dinero recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles. Una denuncia penal presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz acusa a funcionarios nacionales de haber utilizado fondos que tienen destino específico para rutas en inversiones financieras y transferencias a provincias.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación. Según la denuncia, se trata de más de $1 billón que debía utilizarse para obras y mantenimiento de la red vial nacional.
El caso tomó fuerza luego de una investigación periodística que reveló que, de los más de $1,5 billones recaudados mediante el impuesto, solamente una parte habría sido destinada al mantenimiento y reparación de rutas.
El resto permaneció colocado en plazos fijos, títulos y otros instrumentos financieros, mientras numerosas obras viales permanecen paralizadas o avanzan a un ritmo mínimo.
La propia administración nacional reconoció que parte de los recursos destinados a infraestructura fueron utilizados para sostener el denominado equilibrio fiscal.
Denuncian giros a provincias durante votaciones clave
Uno de los puntos que generó mayor polémica es la aparición de más de $33.000 millones en transferencias a provincias provenientes de un fondo que tiene como finalidad específica financiar obras viales.
Según la información difundida, varios de esos giros se concentraron durante períodos en los que el Gobierno necesitaba apoyo político en el Congreso para avanzar con proyectos clave.
En algunos casos, más del 90% de los fondos transferidos durante el año habría sido enviado en esas ventanas de votación.
La situación alimentó las sospechas de quienes cuestionan que recursos con una finalidad determinada hayan sido utilizados como herramienta de negociación política con los gobernadores.
También hay fondos para obras hídricas sin ejecutar
El problema no se limita a las rutas. Una parte del Impuesto a los Combustibles tiene como destino obras hídricas, pero esos recursos tampoco habrían sido utilizados en su totalidad.
Entre 2024 y mayo de 2026, el Estado recaudó $375.400 millones destinados a infraestructura hídrica, pero ejecutó solamente $116.000 millones, según información oficial citada en el informe.
La diferencia supera los $259.000 millones.
A junio de 2026, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía además más de $290.000 millones invertidos en Letras del Tesoro y otros $49.000 millones depositados.
Katopodis apuntó contra Milei y Caputo
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó explicaciones y cuestionó duramente el destino de los recursos.
“Este Gobierno se robó la plata del impuesto a los combustibles y el ministro Caputo va a tener que dar explicaciones”, sostuvo.
Katopodis afirmó que los fondos acumulados podrían haber permitido intervenir una parte significativa de la red vial nacional, que cuenta con alrededor de 40.000 kilómetros.
El funcionario también recordó que desde diciembre de 2023 fueron paralizadas más de 2.300 obras públicas que estaban en ejecución en distintas partes del país.
En materia vial, de las 277 obras que estaban en ejecución a noviembre de 2023, unas 150 fueron frenadas pese a contar con más del 40% de avance físico. De ellas, 85 ya habían superado el 70% de ejecución.
La Justicia empieza a ordenar reparaciones
Mientras los recursos para infraestructura permanecen en el centro de la polémica, distintas localidades recurrieron a la Justicia para exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones de mantenimiento.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Azul, donde la Justicia ordenó realizar obras urgentes sobre la Ruta Nacional 3, entre Azul y Cacharí.
La resolución exige reparar pozos y sectores peligrosos, instalar señalización y balizamiento, reducir velocidades y aplicar desvíos o restricciones cuando sean necesarios.
El tribunal tuvo en cuenta que en ese tramo se registraron 11 siniestros fatales en apenas seis meses.
También ordenaron reparar las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe
En Venado Tuerto, otro fallo judicial ordenó al Estado Nacional intervenir de manera urgente en las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López.
El juzgado consideró acreditado el deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación.
En el caso de la Ruta 33, el fallo menciona grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos que representan un riesgo para quienes circulan.
De esta manera, mientras se acumulan denuncias sobre el destino de los fondos recaudados para infraestructura, los reclamos judiciales por rutas deterioradas se multiplican en distintas provincias.
El conflicto deja planteada una pregunta central: si existen recursos que tienen destino específico para obras viales, ¿por qué las rutas continúan deteriorándose mientras esos fondos permanecen invertidos o son transferidos?
