14/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Rutas destruidas, el Gobierno ejecutó solo el 26%. Imagen: Web.
La oposición denunció que el Gobierno de Javier Milei ejecutó apenas el 26% de los fondos destinados a las rutas nacionales. En el Congreso avanzan pedidos de informes y citaciones a funcionarios por el destino de recursos viales mientras crecen los reclamos por el deterioro de las rutas.
Rutas nacionales: el Congreso pone la lupa sobre los fondos
El deterioro de las rutas nacionales y el destino de los recursos destinados a su mantenimiento llegaron al Congreso, donde distintos bloques de la oposición impulsaron pedidos de informes y proyectos para exigir explicaciones al Gobierno de Javier Milei.
Las iniciativas buscan determinar cómo se administraron desde 2024 los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales.
La polémica creció a partir de denuncias que señalan que el Estado habría retenido recursos destinados al sistema vial mientras las rutas continúan acumulando problemas de infraestructura.
Denuncian que solo se ejecutó el 26% de los fondos
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Gobierno habría ejecutado apenas el 26% de los recursos presupuestados para obras viales.
Según las denuncias presentadas, cerca de $1,5 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles no habrían sido destinados en su totalidad a las obras previstas por el fondo vial.
Los legisladores opositores sostienen que una parte de esos recursos habría sido colocada en instrumentos financieros, entre ellos bonos, títulos y plazos fijos, en el marco de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal.
Diputados convocó a una reunión por el deterioro de las rutas
La Comisión de Obras Públicas de Diputados, presidida por el mendocino Martín Aveiro, convocó para el martes a una reunión informativa.
La intención es que representantes de distintas provincias expongan la situación de las rutas nacionales y detallen las consecuencias que está provocando la falta de obras y mantenimiento.
Aveiro señaló que existen reclamos provenientes de distintos puntos del país y sostuvo que el Congreso debe convertirse en el ámbito donde se discuta el problema.
Mendoza: 30 días con el paso a Chile cerrado
Uno de los casos más graves expuestos por el diputado mendocino es el de Mendoza, donde existen obras paralizadas y rutas nacionales que deben ser financiadas por la propia provincia.
Además, el Paso Internacional Cristo Redentor lleva un período excepcional de cierre por las condiciones climáticas, con impacto sobre el transporte, la producción y el comercio con Chile.
Aveiro vinculó las dificultades para mantener operativo el corredor internacional con la reducción de recursos destinados a vialidad y advirtió sobre las consecuencias económicas de mantener interrumpido uno de los principales pasos hacia el Pacífico.
Piden citar a Santilli y Caputo
La discusión también llegó al Senado, donde legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo.
El objetivo es que ambos funcionarios expliquen ante los legisladores cuál fue el destino de los fondos del sistema vial y por qué los niveles de ejecución se encuentran por debajo de los recursos disponibles.
La iniciativa fue impulsada, entre otros, por Ana Marks, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Martín Soria, Daniel Bensusán, Florencia López y Cristina López.
Tolosa Paz denunció una contradicción en las obras
La diputada Victoria Tolosa Paz también presentó un pedido de informes y puso el foco en el esquema de financiamiento de determinadas obras.
Según su presentación, algunos proyectos contemplaban un esquema de 30% de aporte local y 70% de financiamiento externo. Sin embargo, auditorías correspondientes a 2024 habrían registrado una ejecución de fondos locales del 0%, pese a la disponibilidad de recursos del SisVial.
Tolosa Paz tomó como ejemplo las rutas nacionales 3 y 5 y cuestionó que el Estado pueda asumir deuda para financiar obras mientras mantiene recursos nacionales destinados a esas mismas obras colocados en instrumentos financieros.
La oposición denuncia un supuesto uso político de los fondos
La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, sumó otra denuncia y acusó al Gobierno de utilizar recursos públicos para beneficiar a provincias cuyos legisladores acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.
“Cada ley tenía un precio”, afirmó la legisladora, al sostener que los fondos habrían sido utilizados como mecanismo de negociación política con gobernadores aliados.
También cuestionó el destino de recursos durante votaciones vinculadas a reformas impulsadas por el oficialismo.
Entre Ríos: más de 400 accidentes y 72 muertes
La diputada Blanca Osuna puso el foco en la situación de Entre Ríos y cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por lo que consideró una falta de defensa de los recursos que corresponden a la provincia y a sus municipios.
Según los datos difundidos por la legisladora, entre enero y junio se registraron más de 400 accidentes, con personas heridas y 72 muertes.
Osuna también sostuvo que el Gobierno nacional habría ejecutado apenas el 20% de los recursos de ese fondo destinados a infraestructura vial en Entre Ríos.
La legisladora cuestionó además la decisión provincial de cerrar o reconvertir la Zonal Paraná, mientras recordó que Frigerio había anunciado una inversión superior a $12.000 millones para equipamiento y maquinaria.
Santa Fe: la Justicia ordenó reparar rutas
El conflicto también alcanzó a Santa Fe, donde la Justicia federal ordenó al Gobierno nacional realizar la reparación inmediata e integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López.
La resolución busca garantizar la plena transitabilidad de esos corredores ubicados en el sur provincial.
El reclamo judicial se suma así a la creciente presión política sobre el Gobierno nacional por el estado de la infraestructura vial.
El reclamo que crece en todo el país
La situación de las rutas nacionales dejó de ser solamente un reclamo provincial y comenzó a convertirse en un problema político de alcance nacional.
Mientras intendentes, gobernadores y legisladores reclaman obras, en el Congreso crecen las iniciativas para conocer qué ocurrió con los fondos destinados a vialidad.
El eje de la discusión es cada vez más evidente: recursos que deberían sostener las rutas, rutas cada vez más deterioradas y un Gobierno obligado a explicar dónde terminó el dinero destinado a la infraestructura vial.
