25/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El fiscal federal Carlos Amad. Imagen: Facebook.
La Justicia Federal imputó a 15 personas acusadas de integrar una organización que habría falsificado documentación para obtener pensiones no contributivas por discapacidad. La investigación también detectó que unas 9.000 pensiones en la ciudad de Salta presentarían irregularidades que deberán ser investigadas.
La Justicia Federal investiga una presunta organización dedicada a la captación, falsificación de documentación y tramitación irregular de pensiones no contributivas por discapacidad en localidades del departamento Anta.
En el expediente hay 15 personas imputadas, entre ellas médicos, funcionarios y exfuncionarios públicos, empleados municipales y de ANSeS y hasta un kiosquero, señalado como uno de los encargados de captar a posibles beneficiarios.
La investigación se concentra principalmente en El Quebrachal y Joaquín V. González, donde las pensiones por discapacidad representan más del 15% de la población. Solo en el departamento Anta hay 4.305 beneficiarios.
Médicos, funcionarios y un diputado entre los imputados
El fiscal federal Carlos Amad imputó a varios médicos, entre ellos profesionales que ocuparon cargos en hospitales públicos y que actualmente poseen clínicas privadas.
Entre los acusados también figura Francisco Gerardo Orellana, médico y actual diputado provincial por Anta, quien anteriormente fue intendente de Joaquín V. González.
La fiscalía le atribuye haber avalado, durante su gestión municipal entre 2007 y 2011, trámites de personas que no reunían los requisitos para acceder a los beneficios.
Según la acusación, durante períodos electorales habría ofrecido pensiones a cambio de votos. Se trata de una acusación que deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
El supuesto mecanismo para conseguir las pensiones
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización habrían captado a personas en situación de vulnerabilidad y les cobraban por gestionar las pensiones.
El fiscal Amad sostuvo que algunos aspirantes vendían animales o contraían préstamos para afrontar los costos de los trámites.
La investigación sostiene además que algunas personas habrían sido derivadas desde hospitales públicos hacia clínicas privadas, donde presuntamente se confeccionaban certificados con enfermedades inexistentes o porcentajes de incapacidad que no correspondían.
Entre las patologías mencionadas en la causa aparecen Chagas, diabetes y problemas de columna.
El kiosquero que hacía los trámites
Uno de los acusados es Hugo M., un kiosquero cuyo comercio estaba ubicado cerca del hospital de El Quebrachal.
Según la fiscalía, desde su local habría captado aspirantes, utilizado una fotocopiadora para falsificar documentación y cargado los trámites en el sistema de ANSeS.
Para hacerlo, habría contado con credenciales facilitadas por Edmundo Dante Salazar, exjefe de la sucursal de ANSeS de El Quebrachal.
La investigación también señala que el kiosquero habría alterado membretes y coordinado con médicos y otros profesionales los estudios necesarios para completar los expedientes.
La investigación apunta también a funcionarios públicos
La fiscalía sostiene que distintos actores cumplían funciones específicas dentro del presunto mecanismo.
El exgerente del Hospital de El Quebrachal, Oscar Luna, habría firmado certificados médicos oficiales utilizando la matrícula de otro profesional.
También fue imputado un bioquímico del Hospital Francisco Solano de El Galpón, quien habría utilizado estudios correspondientes a pacientes con determinadas patologías para incorporarlos a expedientes de personas que no las padecían.
A su vez, empleados municipales fueron señalados como supuestos reclutadores y nexos entre los interesados, profesionales médicos, dirigentes políticos y personal de ANSeS.
Hasta $1 millón por una pensión
Según la acusación fiscal, los trámites podían costar $300.000 o más, mientras que en determinados casos la obtención o renovación de una pensión habría llegado a $1 millón.
La fiscalía sostiene que las personas involucradas aprovechaban la situación de vulnerabilidad de quienes buscaban acceder al beneficio.
Investigan unas 9.000 pensiones en la ciudad de Salta
La causa también podría tener un impacto mucho mayor.
A pedido de la fiscalía, Gendarmería Nacional elaboró un informe sobre el conjunto de la provincia y detectó aproximadamente 9.000 beneficiarios en la ciudad de Salta cuyos expedientes presentarían documentación apócrifa o incompleta.
El dato surge de una revisión sobre un universo de 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la capital provincial.
De confirmarse que se trata de beneficios obtenidos mediante maniobras fraudulentas, el impacto económico estimado alcanzaría los $3.240 millones mensuales, unos $40.000 millones al año.
La investigación deberá determinar ahora cuántos de esos casos corresponden efectivamente a irregularidades administrativas y cuántos podrían estar vinculados con un esquema fraudulento.
