27/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: En el centro de la imagen, Ramón Corregidor, a su derecha, Andrés Giordamachi, ambos integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta atraviesa una crisis institucional por la falta de designación de tres de sus cinco integrantes. Ramón Corregidor cuestionó al Gobierno provincial y reclamó que se acelere el proceso para cubrir las vacantes.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta funciona actualmente con apenas dos de los cinco comisionados que establece su estructura. La situación fue cuestionada por Ramón Corregidor, representante de la Cámara de Diputados ante el organismo, quien advirtió que la falta de integrantes afecta su funcionamiento.
“Estamos en un momento de crisis en el Comité, porque el Gobierno no convocó el año pasado a concurso y de cinco comisionados quedamos dos”, señaló Corregidor en declaraciones a Radio Nacional.
Según explicó, actualmente el organismo trabaja con una asesora letrada y una empleada, además de los dos comisionados que permanecen en funciones.
Reclaman cubrir las vacantes
Corregidor señaló que el secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, está realizando gestiones para avanzar con la convocatoria.
En ese marco, indicó que ya se trabaja en la conformación del tribunal que deberá evaluar a los postulantes para cubrir dos de los cargos vacantes.
“Esperamos que este año se normalice el Comité”, manifestó el funcionario.
La situación genera preocupación porque el organismo tiene entre sus principales funciones el monitoreo de establecimientos donde permanecen personas privadas de su libertad y la prevención de situaciones de tortura y malos tratos.
Corregidor tampoco cobra su remuneración
A la falta de integrantes se suma un conflicto relacionado con los recursos económicos del Comité.
Corregidor explicó que fue nuevamente seleccionado mediante concurso y posteriormente designado por la Cámara de Diputados como representante ante el organismo, pero aseguró que todavía no recibió su remuneración.
“La Cámara dictó una resolución nombrándome representante al Comité, sin embargo, hasta la fecha no he cobrado un peso”, afirmó.
Según su explicación, existe una discusión sobre qué organismo debe afrontar el pago. Corregidor sostuvo que la normativa provincial establece la imputación presupuestaria correspondiente y que la remuneración debía comenzar a abonarse en junio.
El monto, de acuerdo con sus declaraciones, sería equivalente al salario de un director y rondaría los 2 millones de pesos mensuales.
“El sistema penitenciario está en crisis”
Pese a las dificultades institucionales y presupuestarias, Corregidor aseguró que el Comité continuó realizando visitas y monitoreos en establecimientos penitenciarios.
También señaló que mantienen contacto con familiares de personas privadas de la libertad y que realizan relevamientos para conocer las condiciones dentro de las unidades.
En ese contexto, fue contundente al describir la situación del sistema penitenciario: “una crisis” y “un colapso”.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la atención de salud mental.
Reclaman psicólogos y psiquiatras para las cárceles
Corregidor advirtió que existen dificultades para garantizar una atención adecuada de salud mental dentro del Servicio Penitenciario y cuestionó la falta de presupuesto para estas prestaciones.
Por eso reclamó la incorporación de psicólogos y psiquiatras tanto para las unidades penitenciarias como para el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone.
También planteó la necesidad de crear espacios específicos dentro de las cárceles para que los profesionales puedan atender directamente a las personas alojadas.
“El servicio tiene que abrir boxes para que los psicólogos trabajen directamente en la cárcel”, propuso.
Además, cuestionó la falta de reglamentación de algunos aspectos de la Ley Nacional de Salud Mental y sostuvo que el Poder Ejecutivo se encuentra en mora respecto de la conformación del órgano revisor previsto por la normativa.
El registro de muertes bajo custodia
Entre las tareas que lleva adelante el Comité se encuentra el Registro de Muerte Bajo Custodia del Estado, destinado a relevar los fallecimientos ocurridos en establecimientos penitenciarios.
El mecanismo volvió a cobrar relevancia tras la muerte del abogado José Eduardo “Jota” Figueroa, quien cumplía una condena por femicidio en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas.
Corregidor explicó que, ante una muerte ocurrida bajo custodia estatal, los integrantes del Comité se presentan después de la intervención inicial de la Fiscalía.
El organismo realiza entrevistas confidenciales con otros internos, toma registros fotográficos y recopila información para elaborar un expediente sobre cada caso.
El Gobierno informó operativos en Tartagal
Mientras Corregidor reclama recuperar el diálogo institucional y fortalecer el Comité, el Gobierno provincial informó nuevos relevamientos realizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos en establecimientos de Tartagal.
A través del Programa Garantizar, los equipos recorrieron la Unidad Carcelaria N.º 5, la Alcaidía N.º 2, la Granja Penal, el Instituto Especializado de Alojamiento N.º 3 y la Comisaría 3.
Según informó la Provincia, durante las visitas se recibieron consultas de personas alojadas y se relevaron situaciones de vulnerabilidad para orientar y canalizar los reclamos ante los organismos correspondientes.
El operativo estuvo a cargo de David Sosposa, jefe del Programa de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en articulación con el Servicio Penitenciario.
“Estamos sin diálogo”
Uno de los principales cuestionamientos de Corregidor apunta a la relación institucional con el Gobierno provincial.
El comisionado sostuvo que las mesas de trabajo que se habían conformado durante el año pasado y que, según su evaluación, habían sido “muy fructíferas”, dejaron de funcionar.
“Estamos sin diálogo”, resumió.
Corregidor reclamó que esos espacios vuelvan a ponerse en marcha y pidió una reunión con el gobernador.
“Esto es un conflicto de inversión, de voluntad política y de presupuesto. Queremos hablar con el gobernador”, afirmó.
La falta de tres de los cinco integrantes del Comité, el reclamo salarial y las dificultades presupuestarias planteadas por su representante vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo encargado de controlar y prevenir posibles vulneraciones de derechos dentro del sistema de encierro de Salta.
