14/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El interventor de Aguas Blancas presentó un escrito ante la Fiscalía Federal de Orán y pidió investigar el traslado de mercadería en unidades de transporte que operan en la frontera con Bolivia. También solicitó controles aduaneros obligatorios, precintado de vehículos y seguimiento mediante GPS.
El interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, llevó ante la Fiscalía Federal de Orán, a cargo de Marcos Romero, una serie de denuncias y pedidos vinculados con el transporte de mercadería en la zona fronteriza con Bolivia.
El funcionario planteó la necesidad de reforzar los controles sobre colectivos, tours de compras y camiones de encomiendas, a partir de situaciones que, según sostuvo, podrían estar relacionadas con el ingreso y posterior comercialización de mercadería de contrabando.
La presentación también puso el foco sobre la empresa de transporte San Antonio, con la que Zigarán mantiene un conflicto judicial previo. Fuentes judiciales citadas por el medio señalaron que la fiscalía ya dispuso medidas a partir de la presentación realizada por el interventor.
Un colectivo dentro de Finca Karina
Uno de los elementos incorporados por Zigarán es un video difundido en redes sociales. Según su descripción, en las imágenes se observa a una unidad de San Antonio dentro de la denominada Finca Karina, ubicada en la zona fronteriza, mientras carga bultos cerrados de grandes dimensiones.
Para el interventor, ese registro podría ser relevante para determinar el origen y destino de la mercadería transportada.
La Finca Karina ya había quedado vinculada a una investigación por un paso fronterizo no habilitado utilizado para el contrabando. Allí funcionaba una logística que permitía que pasajeros ingresaran a la zona, cruzaran el río Bermejo hacia Bolivia, realizaran compras y regresaran al territorio argentino sin pasar por los controles aduaneros correspondientes.
Ese paso ilegal fue posteriormente cerrado y existe una causa judicial con personas imputadas por contrabando.
A partir de ese antecedente, Zigarán sostuvo como hipótesis que la mercadería que aparece en el video podría haber ingresado al país de manera irregular y posteriormente haber sido comercializada.
Denunció una presunta evasión de controles
El interventor también presentó otro video, que afirmó haber registrado personalmente el 21 de agosto al mediodía.
Según su denuncia, una unidad de San Antonio habría evitado la fila reglamentaria de vehículos que circulan desde Aguas Blancas hacia Orán y avanzado por la banquina en dirección al Puesto de Control N° 28 de Gendarmería Nacional, ubicado sobre la ruta nacional 50.
Zigarán sostuvo que el vehículo habría pasado frente a los efectivos sin ser sometido a la fiscalización correspondiente.
El funcionario planteó que existe una diferencia de trato respecto de otros transportistas, quienes deben permanecer en las filas y descargar la mercadería para que sea revisada mediante los sistemas de control disponibles.
Por eso, reclamó que se investigue si efectivamente existen privilegios o excepciones en los controles para determinadas unidades.
Precintar los vehículos y registrar la carga
Entre las medidas solicitadas a la Fiscalía Federal aparece una propuesta de mayor control sobre todo el transporte comercial que opera en la zona.
Zigarán pidió que los transportes de pasajeros, tours de compras y camiones de encomiendas sean obligados a ingresar al Área de Control Integrado (ACI) fronterizo de la ruta nacional 50, donde deberían ser sometidos a fiscalización aduanera y posteriormente precintados.
También planteó que se identifique a los pasajeros junto con la mercadería que transportan.
El objetivo, según explicó en su presentación, sería terminar con lo que definió como “anonimato comercial” y combatir el transporte informal de las denominadas “narcocargas”.
La utilización de este término forma parte del planteo realizado por el interventor y no implica que la existencia de narcotráfico haya sido acreditada en los casos mencionados.
El pedido de seguimiento por GPS
Otro de los puntos incluidos en el escrito apunta a conocer con mayor precisión los recorridos de las unidades.
Zigarán solicitó que se requiera información a la Autoridad Metropolitana de Transporte para acceder a reportes de ubicación mediante GPS, con el objetivo de determinar si los vehículos ingresaron a la zona de Finca Karina y si eventualmente evitaron los puntos de control establecidos.
También pidió que se determine qué medidas adoptó la empresa después de la difusión del video relacionado con la unidad que aparece dentro de la propiedad.
En particular, solicitó conocer si se inició algún sumario administrativo o sanción disciplinaria contra el conductor identificado en las imágenes.
También apuntó a la situación tributaria
La presentación no se limitó al control de la mercadería. Zigarán también cuestionó el modo en que, según afirmó, la empresa registra y declara los ingresos vinculados al transporte de cargas y encomiendas.
El interventor solicitó que se establezca un registro del cobro de la mercadería transportada y sostuvo que la empresa no declararía determinados conceptos, lo que —según su planteo— podría implicar incumplimientos tributarios ante el municipio, la provincia y la Nación.
Por ese motivo, pidió la intervención de ARCA para que informe cuál es la política fiscal de la empresa respecto del cobro de fletes incidentales y encomiendas.
Además, planteó que las autoridades competentes evalúen la realización de controles aleatorios e inteligencia sobre las unidades
