16/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay. Imagen: Web.
Una investigación interna detectó 645 acreditaciones indebidas de haberes entre julio de 2022 y enero de 2026. Los pagos alcanzaron a 23 personas y el monto documentado asciende a $981.148.567,88. La Justicia Federal deberá determinar cómo funcionó el mecanismo y las eventuales responsabilidades penales.
La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal luego de detectar presuntas irregularidades en el sistema de liquidación de haberes de la fuerza. La investigación administrativa reconstruyó 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026 y vinculadas, hasta el momento, con 23 personas.
El caso quedó en manos del Juzgado Federal N.º 2. La presentación fue realizada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, después de una auditoría que detectó diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación.
Cómo funcionaba la maniobra investigada
De acuerdo con la denuncia, las modificaciones se producían después de la liquidación ordinaria de los haberes y antes del envío definitivo de los archivos al banco.
En ese tramo del proceso, determinados registros podían ser modificados manualmente para incrementar importes o incorporar beneficiarios que no contaban con una liquidación legítima.
El expediente señala además que, una vez generado el archivo destinado al banco, los registros digitales eran restituidos a sus valores originales. De esa manera, las diferencias podían no aparecer posteriormente en los recibos publicados en el sistema Haberes-Web, aunque el archivo bancario ya hubiera ordenado una acreditación diferente.
La operatoria habría quedado disimulada dentro del proceso masivo de pago de salarios de la institución, que alcanza a más de 24.000 agentes.
Cuatro personas concentraron $434 millones
La auditoría identificó entre los beneficiarios a militares en actividad y retirados, personal civil, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada.
Estas últimas recibieron en conjunto $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado, a través de 184 acreditaciones.
Una de las principales receptoras fue María del Carmen Prieto, quien recibió 46 transferencias por $152.259.495,86. La investigación señala que Prieto es esposa del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien por entonces estaba al frente del Departamento Revista.
Atanasoff aparece señalado en la denuncia como el principal responsable investigado por la organización de la operatoria. Tras conocerse el vínculo con una de las principales receptoras, fue relevado preventivamente de sus funciones y sus equipos informáticos quedaron bajo resguardo para la investigación.
Qué declaró Atanasoff
Durante la investigación administrativa, Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones realizadas a las personas ajenas a la fuerza y sostuvo que los pagos se efectuaban mediante una carga manual.
Según la documentación citada por los medios que accedieron al expediente, el oficial manifestó que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los importes, y que ejecutaba personalmente el mecanismo.
Esas declaraciones forman parte de las actuaciones administrativas y deberán ser evaluadas ahora por la Justicia, que deberá establecer qué participación tuvo cada una de las personas involucradas y si existió una estructura organizada para desviar fondos.
El caso comenzó con una anomalía en los sueldos
La investigación surgió en febrero de 2026, cuando una revisión de los haberes correspondientes a enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no correspondían.
Luego de que esos importes fueran restituidos, la Armada amplió la revisión hacia períodos anteriores. La auditoría permitió encontrar inconsistencias entre las liquidaciones, los recibos y los archivos que finalmente eran enviados al Banco Nación.
A partir de esa revisión aparecieron pagos que no figuraban en las liquidaciones, duplicaciones y acreditaciones a personas cuyo vínculo con la fuerza no podía establecerse inicialmente.
Más de $42 millones ya fueron restituidos
Hasta la presentación de la denuncia penal, distintos involucrados habían realizado reintegros por $42.574.267,63.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, ese dinero representa una devolución parcial y no modifica el monto histórico de las acreditaciones detectadas, que continúa establecido en $981.148.567,88. El saldo pendiente informado asciende a $938.574.300,25.
La investigación, además, continúa abierta. Algunas fuentes citadas por medios que accedieron al expediente señalaron que el número de personas bajo análisis podría aumentar, aunque la denuncia presentada ante la Justicia identifica actualmente a 23 beneficiarios. Esa eventual ampliación todavía no forma parte de la nómina judicial confirmada.
La Armada llevó el caso a la Justicia
Tras detectar las irregularidades, la fuerza inició actuaciones administrativas internas y posteriormente presentó la denuncia penal para determinar las responsabilidades correspondientes.
La investigación judicial deberá establecer si las acreditaciones fueron consecuencia de acciones individuales o si existió una estructura coordinada, además de determinar el destino final de los fondos y la eventual responsabilidad de cada uno de los involucrados.
La Armada sostuvo que la administración de los recursos públicos constituye una obligación institucional y afirmó que se adoptarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.
