21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Belén Agudiez. Imagen: Web.
La salida de Belén Agudiez, una funcionaria cercana a Karina Milei, quedó envuelta en un escándalo que ya llegó a la Justicia. Una denuncia de la diputada Marcela Pagano puso bajo la lupa presuntos vínculos entre funcionarios, un catering privado y empresas relacionadas con personas del círculo presidencial.
La crisis de la Quinta de Olivos sumó un nuevo capítulo con la salida de María Belén Agudiez, hasta ahora subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y una funcionaria cercana a Karina Milei. Su renuncia fue aceptada por el Gobierno mediante el Decreto 1055/2026, con vigencia desde el 20 de septiembre. La norma lleva las firmas de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y no explica los motivos de la salida.
La dimisión se conoció en medio de una profunda reorganización de la residencia presidencial y después de los desplazamientos de personal vinculados a Olivos. En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal en la que pidió investigar una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la compra de alimentos, el funcionamiento de la cocina presidencial y la posible utilización de recursos públicos en actividades privadas.
Uno de los puntos centrales de la presentación apunta a la compra de grandes cantidades de alimentos destinados a la Quinta de Olivos. Según la denuncia, se adquirieron cerca de 29 toneladas de carne y embutidos, y Pagano planteó que parte de esos productos podría haber terminado en un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”. Se trata de una hipótesis denunciada ante la Justicia que deberá ser comprobada mediante una investigación.
El nombre de Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, aparece en esa trama. La denuncia sostiene que Analía estaba vinculada a la cocina de Olivos y que, al mismo tiempo, figuraba como titular de “Pancitos Caseros”, emprendimiento relacionado familiarmente con Osvaldo Javier Sosa, exintendente de la residencia presidencial.
Pagano también puso bajo la lupa una póliza de accidentes personales emitida por BBVA Seguros en marzo de 2024. De acuerdo con la documentación difundida por la legisladora, el seguro correspondía a “personal de catering”, incluía a Sosa como asegurado y señalaba como beneficiarios a Mara Gorini, Marcelo Dionisio y Foggia Group.
Ese documento es uno de los elementos que la diputada utiliza para plantear un posible cruce entre actividades privadas y personas vinculadas a la administración de la residencia presidencial. La denuncia sostiene que funcionarios o empleados relacionados con Olivos habrían aparecido, al mismo tiempo, vinculados a tareas de un emprendimiento privado. La Justicia deberá determinar si esa documentación acredita una irregularidad y, eventualmente, quiénes serían responsables.
El nombre de Mara Gorini
En el centro de las conexiones aparece Mara Gorini, una colaboradora cercana a Karina Milei. Antes de incorporarse al Gobierno, Gorini estuvo vinculada a Foggia Group, una productora que quedó bajo la conducción de su esposo, Marcelo Dionisio, según reconstrucciones periodísticas.
La relación con Bettina Angeletti, esposa del vocero presidencial Manuel Adorni, también forma parte del entramado señalado en las denuncias y reconstrucciones periodísticas. Según la información difundida, Foggia Group le habría pagado a la empresa +BE, vinculada a Angeletti, al menos $55 millones por servicios de asesoría.
El dato adquiere relevancia porque Foggia aparece mencionado en distintas investigaciones periodísticas relacionadas con negocios y contrataciones. Sin embargo, la existencia de vínculos comerciales entre empresas y personas del entorno oficial no demuestra por sí misma la comisión de un delito.
Una póliza que abrió nuevas preguntas
La póliza difundida por Pagano es uno de los documentos que mayor atención generó. Según la denuncia, entre las personas aseguradas como parte del servicio privado de catering aparecían Osvaldo Sosa y dos empleadas vinculadas a Olivos, mientras que entre los beneficiarios figuraban Gorini, Dionisio y Foggia Group.
Para la legisladora, ese documento podría ser indicio de que personas que cumplían funciones vinculadas con la residencia presidencial también habrían prestado servicios para actividades privadas. La acusación plantea que debe determinarse si existió utilización de personal, bienes o insumos estatales para beneficiar a un emprendimiento particular.
La presentación judicial pide investigar posibles delitos como peculado, administración fraudulenta contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Hasta el momento, se trata de delitos cuya eventual existencia deberá ser establecida por la Justicia y no de responsabilidades judicialmente acreditadas.
La salida de Agudiez profundiza el escándalo
La renuncia de Agudiez llega en un momento especialmente delicado para el entorno presidencial. La funcionaria había ocupado la Subsecretaría de Planificación General desde el comienzo de la gestión de Milei y estaba vinculada a tareas de organización y funcionamiento de dependencias de la Secretaría General de la Presidencia.
El Gobierno, por ahora, no vinculó oficialmente su salida con las denuncias. El Decreto 1055/2026 únicamente acepta la renuncia presentada por Agudiez y agradece los servicios prestados, sin mencionar investigaciones, compras de alimentos ni irregularidades en la Quinta de Olivos.
Mientras tanto, las denuncias colocaron bajo el foco a Agudiez, Gorini, Sosa y otras personas relacionadas con la administración de Olivos. La documentación aportada y los vínculos comerciales señalados abrieron una serie de interrogantes que ahora deberán ser esclarecidos en sede judicial.
El punto central será determinar si existió realmente un circuito mediante el cual recursos, alimentos o personal del Estado terminaron vinculados con negocios privados. Esa es, precisamente, una de las cuestiones que la denuncia busca que la Justicia investigue.
El caso promete seguir creciendo porque la controversia ya no se limita a la salida de una funcionaria: involucra la administración de una residencia presidencial, contrataciones, empresas privadas y personas pertenecientes al círculo de confianza de la hermana del Presidente.
