24/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, en julio de 2011. Imagen. Archivo.
Los fiscales Daniel Espilocín y María Luján Sodero Calvet rechazaron el pedido de las defensas para extinguir la acción penal por el supuesto vencimiento del plazo razonable. El Tribunal deberá resolver si la causa continúa hacia el juicio oral y público.
La causa que investiga presuntos apremios ilegales y otras irregularidades cometidas durante la investigación por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni podría avanzar finalmente hacia un juicio oral y público.
Este miércoles, los fiscales Daniel Espilocín y María Luján Sodero Calvet se opusieron al pedido de las defensas de los policías acusados, que solicitaron el sobreseimiento y la extinción de la acción penal por una presunta afectación del plazo razonable.
El Tribunal integrado por Leonardo Fearns, Eduardo Sangari y Gabriela González pasó a un cuarto intermedio para analizar los planteos antes de tomar una decisión.
Las defensas pidieron cerrar la causa
La audiencia se desarrolló ante la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI), en el marco del proceso destinado a definir la prueba que eventualmente será utilizada durante el debate.
Sin embargo, las defensas plantearon que la causa debería finalizar por la duración del proceso. También solicitaron suspender la audiencia hasta que quedara firme una eventual resolución sobre la extinción de la acción penal.
El planteo fue rechazado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Los fiscales quieren que haya juicio
El fiscal Daniel Espilocín sostuvo que la cuestión vinculada con el plazo razonable ya había sido analizada por la Justicia.
Recordó que el 17 de septiembre de 2025, el Tribunal de Impugnación confirmó una resolución del Tribunal de Juicio del 15 de mayo de ese mismo año, en la que se habían analizado los argumentos relacionados con la duración del proceso y se rechazó la prescripción de la acción penal.
Para Espilocín, el análisis del plazo razonable no puede limitarse al tiempo transcurrido. Según explicó, también deben considerarse la complejidad de la investigación, la cantidad de imputados, la naturaleza de los hechos y la actividad procesal desarrollada.
El fiscal señaló además que durante la tramitación del expediente se presentaron numerosos recursos e incidencias. Si bien reconoció que forman parte del derecho de defensa, sostuvo que también provocaron suspensiones y dilaciones.
La fiscalía advirtió sobre una posible responsabilidad estatal
Espilocín sostuvo que la investigación mantuvo actividad desde sus primeras actuaciones hasta la citación a juicio y que los tribunales que intervinieron previamente no consideraron vulnerado el plazo razonable.
Durante su exposición también hizo referencia a la relación de esta causa con la investigación por los homicidios de las ciudadanas francesas y a una actuación judicial desarrollada en Francia.
En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias que podría generar que el expediente no llegue a una resolución mediante un debate oral y público.
El fiscal sostuvo que la falta de resolución de la causa podría generar responsabilidad del Estado argentino y pidió que el Tribunal rechace el planteo de las defensas.
También rechazaron la extinción de la acción penal
La fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, también se opuso al pedido.
La representante del Ministerio Público sostuvo que los pronunciamientos judiciales anteriores ya habían analizado los distintos planteos realizados por las defensas y descartó que hubiera existido una confusión conceptual en esas decisiones.
Sodero Calvet remarcó además el carácter extraordinario y excepcional que tiene la extinción de la acción penal y sostuvo que debe analizarse de acuerdo con las particularidades de cada expediente.
Según planteó, la investigación involucra hechos atribuidos a efectivos policiales y relacionados con otros acontecimientos de especial gravedad, por lo que consideró necesario contemplar los derechos fundamentales y las cuestiones institucionales involucradas.
La fiscal también sostuvo que una eventual demora estatal no debería derivar en la impunidad de los hechos investigados, aunque afirmó que en este caso no se configuró esa situación.
Quiénes están acusados
En la audiencia estuvieron los imputados Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista Ferraoti.
Ferraoti no se presentó a la audiencia.
También estuvieron vinculados a la causa Gustavo Orlando Lasi, Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi. Daniel Octavio Vilte Laxi no asistió.
Lasi fue condenado por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni y fue trasladado bajo custodia para participar de la audiencia.
El Tribunal definirá el futuro de la causa
Luego de escuchar a las partes, el Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio debido a la complejidad de los planteos y a la necesidad de analizar los argumentos antes de resolver.
La Oficina Judicial deberá fijar una nueva audiencia para que los jueces den a conocer su decisión sobre el pedido de extinción de la acción penal.
Si el Tribunal rechaza el planteo, el proceso continuará con el análisis de la prueba ofrecida por las partes y podría avanzar hacia la realización del juicio oral y público.
El próximo pronunciamiento será clave para determinar si la causa por los presuntos apremios ilegales y otras irregularidades atribuidas a policías durante la investigación de los homicidios de las ciudadanas francesas llega finalmente a la instancia de debate.
