05/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Aurelia Córdoba y Sergio «Topo» Ramos. Imagen: Web.
La adjudicación de viviendas del IPV en Rosario de Lerma quedó bajo cuestionamiento luego de que dos funcionarias municipales aparecieran entre las beneficiarias del sorteo. La concejal opositora Camila Jorge reclamó explicaciones sobre los requisitos acreditados y pidió que se transparente el proceso.
La adjudicación de 93 viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) en Rosario de Lerma abrió un nuevo foco de discusión política. Entre las 530 familias habilitadas para participar del sorteo aparecen dos funcionarias vinculadas al oficialismo municipal.
Se trata de Aurelia Córdoba, concejal y ex presidenta del Concejo Deliberante, y Fátima Chocobar, actual secretaria de Gobierno de Rosario de Lerma.
Córdoba integra el oficialismo que responde al intendente Sergio “Topo” Ramos. La aparición de ambas funcionarias entre las personas beneficiadas generó cuestionamientos desde la oposición local, que reclama conocer en detalle bajo qué condiciones fueron habilitadas para participar.
Qué requisitos exigía el IPV
Según la información difundida por el IPV, las familias que participaron del sorteo debían contar con la ficha social inscripta o actualizada dentro del plazo establecido y acreditar ingresos equivalentes a al menos tres salarios mínimos, vitales y móviles.
El organismo adjudicó las 93 viviendas mediante un sorteo entre 530 familias que cumplían con las condiciones de participación.
El cuestionamiento opositor no apunta, al menos en el planteo difundido, a que las viviendas hayan sido adjudicadas fuera del mecanismo de sorteo, sino a que se expliquen las condiciones particulares que permitieron a las funcionarias formar parte del proceso.
La oposición pidió explicaciones
La concejal opositora Camila Jorge reclamó públicamente que Córdoba informe qué requisitos acreditó, en qué condiciones participó del sorteo y cómo está compuesto su grupo familiar.
La edil también puso el foco en la situación de quienes ocupan cargos públicos y reciben una vivienda social, y planteó que deberían existir los mismos controles para todos los postulantes.
Jorge recordó además que el Concejo Deliberante había tratado el expediente N.º 000290/26, referido a un pedido de relevamiento integral y actualizado de las viviendas sociales de Rosario de Lerma.
Según explicó, ese expediente obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General y Córdoba acompañó la iniciativa.
El reclamo por transparencia
La concejal opositora sostuvo que los controles sobre el acceso a viviendas sociales deben aplicarse sin distinciones y reclamó que se conozcan públicamente las condiciones bajo las cuales las funcionarias resultaron beneficiadas.
El planteo instala una discusión política sobre el acceso a la vivienda social y los controles que deben cumplir quienes ocupan cargos dentro del Estado.
Por ahora, lo que existe es un pedido de explicaciones e investigación política sobre las condiciones de participación de las funcionarias. La información difundida no acredita por sí misma que haya existido una irregularidad en el sorteo o en la adjudicación de las viviendas.
