08/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El exintendente se entregó. Imagen: Redes sociales.
El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, quedó detenido tras permanecer prófugo y entregarse ante la Justicia Federal. Los fiscales lo señalan como presunto jefe de una organización investigada por asociación ilícita y lavado de activos, que habría utilizado estructuras estatales y empresariales para mover fondos de origen delictivo.
El caso que sacude a Aguas Blancas expone una investigación federal que busca determinar hasta dónde habría llegado una presunta estructura vinculada al narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos en el norte salteño. El exintendente Carlos “Conejo” Martínez, señalado por los fiscales como supuesto jefe de la organización, se entregó después de permanecer prófugo y quedó detenido.
Con su entrega, la causa alcanzó a doce personas detenidas, aunque algunas recuperaron la libertad luego de la audiencia de formalización. En total, once imputados fueron sometidos a la audiencia realizada ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, tras una serie de 32 allanamientos en Orán, localidades cercanas y la ciudad de Salta.
Todos quedaron vinculados a una investigación por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo. La Justicia autorizó además un plazo de seis meses para profundizar la pesquisa y avanzar con nuevas medidas de prueba.
El municipio, en el centro de la investigación
Uno de los puntos más graves planteados por la Fiscalía es la presunta utilización del municipio de Aguas Blancas como parte de una estructura destinada a disimular fondos de origen ilícito.
Según la hipótesis de los investigadores, Martínez habría construido un entramado de empresas y operaciones comerciales para introducir en el circuito formal dinero proveniente presuntamente del narcotráfico y el contrabando.
Los fiscales sostienen además que Martínez, quien ya contaba con antecedentes vinculados al narcotráfico, habría invertido dólares para conseguir los votos necesarios para llegar a la intendencia en 2023.
Una vez instalado en el poder municipal, la acusación sostiene que la organización habría ampliado sus operaciones mediante sociedades, contrataciones y movimientos financieros destinados a otorgar una apariencia legal a fondos presuntamente ilícitos.
Una estructura con familiares, contadores y comerciantes
La investigación apunta también contra personas del entorno más cercano del exintendente. Entre los involucrados aparecen familiares, parejas, empleados, contadores y comerciantes, a quienes la Fiscalía atribuye diferentes niveles de participación dentro de la presunta organización.
La pesquisa busca establecer qué función cumplía cada integrante y cómo se distribuían las tareas para colocar, mover y finalmente incorporar los fondos al patrimonio formal.
Durante los procedimientos fueron secuestrados 35 teléfonos celulares, además de otros dispositivos electrónicos y documentación contable. Todo ese material será sometido a peritajes para reconstruir las operaciones investigadas.
Sospechas sobre protección institucional
La causa también abrió una línea especialmente delicada: la presunta existencia de protección dentro de organismos estatales y fuerzas de seguridad.
Durante la audiencia, los fiscales señalaron que la organización habría conseguido vínculos con funcionarios clave que le habrían permitido contar con una suerte de cobertura frente a los controles y las investigaciones.
En ese contexto también aparece el exjuez penal de Orán Claudio Parisi, quien fue destituido y enfrenta una causa penal pendiente de juicio. Los fiscales recordaron decisiones judiciales que, según su exposición, habrían favorecido al entorno de Martínez.
La investigación intenta determinar ahora si esas conexiones formaban parte de una estructura más amplia de protección institucional.
La fuga que encendió otra alarma
Durante el operativo desplegado para detener a los integrantes de la organización, Martínez y otra persona de su entorno lograron escapar.
La Fiscalía sospecha que la fuga pudo haber sido posible debido a una filtración de información sobre los allanamientos. Esa hipótesis también está siendo investigada y todavía deberá ser respaldada con pruebas.
El exintendente finalmente se entregó después de que se ordenara su captura nacional e internacional.
Antecedentes vinculados al narcotráfico
Los investigadores también pusieron bajo la lupa los antecedentes de Martínez. Según se expuso durante la audiencia, en 2012 fue detenido por el transporte de 6 kilos de cocaína.
Además, en marzo de 2019, fue detenido en Santiago del Estero con 100 mil dólares que no pudo justificar, según la acusación presentada en el expediente.
Los fiscales también mencionaron sus presuntos vínculos con otros integrantes del delito organizado en la región.
Un crimen que forma parte del contexto de la causa
Durante la presentación del caso también fue mencionado el asesinato de César Daniel “Oreja” Martínez, hermano del exintendente, quien fue atacado a tiros en noviembre de 2023 en Orán.
Los investigadores incorporaron este episodio al contexto de violencia que rodea a la estructura que ahora se encuentra bajo investigación federal.
Martínez, por su parte, había sido destituido como intendente en septiembre de 2024, pero la Fiscalía sostiene que la organización continuó funcionando pese a su salida del cargo.
Seis meses para desentrañar la trama
Con la formalización de las imputaciones, la Justicia habilitó seis meses de investigación para profundizar la reconstrucción de la presunta estructura criminal.
La Fiscalía solicitó además la prisión preventiva de siete imputados, argumentando riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los delitos investigados y las características de una zona fronteriza.
Ahora los investigadores deberán analizar teléfonos, dispositivos electrónicos, documentación contable y movimientos societarios para determinar cómo funcionaba el presunto circuito de lavado y qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados.
La causa pone nuevamente bajo la lupa la relación entre narcotráfico, dinero ilegal y estructuras del Estado en una zona fronteriza estratégica de Salta. Por ahora, se trata de acusaciones que deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
