08/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei saliendo al balcón en Casa Rosada, ante una plaza vacía. Imagen: Web.
La relación entre el Gobierno de Javier Milei y distintos sectores de la Justicia atraviesa nuevas tensiones. Un fallo a favor del financiamiento universitario, el proyecto para modificar el Código Penal y la disputa por las vacantes de la Corte Suprema volvieron a poner en evidencia los tironeos entre el oficialismo y el poder judicial.
La relación entre el gobierno de Javier Milei y distintos sectores del Poder Judicial atraviesa una nueva etapa de tensión. En las últimas semanas se acumularon fallos, proyectos legislativos, negociaciones por la Corte Suprema y cruces políticos que volvieron a poner bajo la lupa los vínculos entre el oficialismo y la denominada “familia judicial”.
Uno de los últimos episodios fue protagonizado por el juez federal Martín Cormick, quien ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una de las principales demandas que vienen impulsando las universidades nacionales.
La resolución llegó en un momento especialmente sensible para el oficialismo, que mantiene un fuerte enfrentamiento con las comunidades universitarias por el financiamiento y las políticas de ajuste aplicadas sobre la educación pública.
En paralelo, la discusión por la Justicia volvió a quedar atravesada por la Corte Suprema, que continúa funcionando con apenas tres integrantes tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
El Gobierno, mientras tanto, sostiene que no tiene previsto avanzar en lo inmediato con la cobertura de las vacantes del máximo tribunal. Según la versión que circula dentro del oficialismo, Javier Milei habría decidido postergar esa discusión hasta 2028, en caso de conseguir la reelección.
La posibilidad de completar la Corte, sin embargo, genera interés entre gobernadores y distintos sectores del Poder Judicial, que pretenden volver a instalar la discusión sobre los cargos vacantes.
El Código Penal abrió otra grieta
A este escenario se sumó un proyecto presentado por la diputada nacional Virginia Gallardo para modificar parcialmente el Código Penal.
La iniciativa propone, entre otros puntos, eliminar la prescripción para delitos castigados con prisión perpetua y aumentar las penas para determinados delitos, con especial énfasis en aquellos vinculados con abusos sexuales.
El proyecto cuenta con respaldo de sectores del oficialismo y aliados parlamentarios, aunque todavía no tiene fecha definida para su tratamiento.
La propuesta generó preocupación en sectores del ámbito judicial que habían participado anteriormente de los trabajos para elaborar una reforma integral del Código Penal.
El nuevo proyecto volvió a activar discusiones internas entre quienes consideran que una modificación de semejante alcance debería surgir de un trabajo técnico más amplio y quienes respaldan una agenda de endurecimiento penal impulsada desde el oficialismo.
La pelea por una mujer en la Corte
Mientras el Gobierno evita confirmar una eventual renovación del máximo tribunal, gobernadores y magistrados comenzaron a mover nuevamente sus fichas para instalar nombres y alternativas.
Uno de los planteos que tomó fuerza es que la vacante dejada por Highton de Nolasco sea ocupada nuevamente por una mujer.
Entre los nombres que circulan aparecen Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Claudia Sbdar, presidenta de la Corte Suprema de Tucumán; Marcela de Langhe, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño; y Karina Perilli, magistrada del Tribunal Oral en lo Penal Económico.
También aparece mencionada María Ibarzabal Murphy, actual secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
La discusión tiene además una dimensión política. Los cargos de la Corte constituyen una pieza de enorme peso institucional y cualquier negociación para cubrirlos podría quedar vinculada a otras discusiones que atraviesan al Congreso, incluida una eventual reforma política.
Mahiques y un enojo que expuso las tensiones
En medio de este escenario ocurrió otro episodio que dejó expuestas las diferencias entre el Gobierno y sectores del mundo judicial.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participó de los Premios Quorum 2026, un evento que reunió a jueces, fiscales, abogados, empresarios, funcionarios y dirigentes políticos.
Entre los presentes estuvieron integrantes de la Corte Suprema, jueces federales, fiscales, gobernadores y empresarios de peso.
Mahiques tenía previsto brindar un discurso sobre la gestión del Gobierno en materia judicial. Sin embargo, el clima cambió durante el evento cuando la periodista Romina Manguel utilizó su intervención para solidarizarse con su colega Luis Novaresio y referirse al fallo de Cormick a favor de las universidades.
Según los testimonios recogidos durante el encuentro, Mahiques se levantó y abandonó el salón visiblemente molesto.
Desde su entorno confirmaron posteriormente que el ministro dejó el evento y cuestionaron que se haya utilizado ese espacio para realizar ese tipo de intervenciones.
“No era el lugar ni el momento”, fue el argumento transmitido desde el entorno del funcionario.
El episodio se suma a una serie de señales que muestran que la relación entre el Gobierno y distintos sectores del Poder Judicial está lejos de ser un vínculo sin fisuras.
Entre negociaciones reservadas, proyectos de reforma penal, fallos que incomodan al oficialismo y una Corte Suprema que continúa con vacantes, el Gobierno enfrenta un escenario en el que cada movimiento judicial puede convertirse en una nueva disputa política.
