08/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Extranjerización y acaparamiento de tierras en Argentina. Imagen: Prensa.
Un análisis sobre las grandes transacciones de tierras revela que 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño están en manos de apenas 12 empresas. El fenómeno combina concentración, inversiones nacionales y extranjeras y profundos conflictos por el uso del territorio.
Más de 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño están en manos de 12 empresas, según un análisis de las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) realizado por el investigador Cristian Venencia, especialista en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible e integrante de equipos de investigación de la Universidad Nacional de Salta.
El relevamiento registra que desde el año 2000 se concretaron 122 grandes transacciones de tierras, considerando operaciones de compraventa, arriendo y concesiones privadas sobre superficies de 200 hectáreas o más.
En total, esas operaciones involucraron más de 1.700.000 hectáreas. El 47% fue destinado a la ganadería y el 38% a cultivos alimenticios como soja, maíz y poroto.
Pero detrás de esas cifras aparece otro dato que marca el nivel de concentración: el 10% de los productores concentra el 70% de la superficie transaccionada, mientras que el 10% que menos tierra adquirió apenas reúne el 0,3%.
Incluso, un solo adquirente concentra unas 300.000 hectáreas del Chaco salteño. Parte de las tierras también estuvo vinculada a concesiones realizadas por la provincia para actividades productivas en Salta Forestal.
Extranjerización y concentración
El fenómeno no puede analizarse solamente desde la nacionalidad de quienes adquieren las tierras. De acuerdo con el relevamiento citado, el 64% de los adquirentes de grandes extensiones son nacionales, mientras que las operaciones vinculadas a capitales chinos representan el 12%, principalmente relacionadas con explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia.
La estructura societaria también dificulta determinar quiénes están detrás de algunas inversiones. Empresas que cotizan en bolsa pueden contar con fondos de inversión integrados por capitales de distintos países y con participaciones que cambian con el tiempo.
Por eso, el debate sobre la tierra no se limita a la extranjerización. También aparece con fuerza el concepto de acaparamiento, que incluye la concentración de grandes superficies y las transformaciones en el uso del suelo.
La pregunta, en este escenario, no es solamente quién controla la tierra, sino también para qué se utiliza y qué consecuencias genera sobre quienes ya viven en esos territorios.
Comunidades indígenas y familias rurales, en el centro del conflicto
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las comunidades indígenas y las familias criollas del Chaco salteño.
Muchas de ellas ocupan y trabajan esas tierras desde hace décadas, pero enfrentan situaciones de falta de regularización dominial que pueden dejarlas en una posición vulnerable frente a actores con mayor capacidad económica.
El conflicto también aparece asociado al avance de actividades agropecuarias y al desmonte. En sectores de la ruta nacional 86, por ejemplo, persisten disputas territoriales que involucran a comunidades originarias y cuestionamientos por desmontes.
El acceso al agua constituye otra dimensión crítica en determinados territorios. La falta de infraestructura y de servicios básicos puede profundizar la dependencia de comunidades que, al mismo tiempo, enfrentan transformaciones aceleradas de los espacios donde desarrollan sus formas de vida.
El investigador vincula buena parte de estos cambios con la expansión de la agricultura y la ganadería registrada desde comienzos de los años 2000, especialmente a partir de la incorporación de la soja transgénica.
La expansión productiva fue acompañada durante años por expectativas de desarrollo económico para el Chaco salteño. Sin embargo, Venencia cuestiona que ese crecimiento haya significado mejoras suficientes en las condiciones de vida de todas las comunidades.
“Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza, niños desnutridos en comunidades indígenas, entonces como que ese desarrollo todavía no llegó”, sostuvo el investigador.
La disputa por la protección de la tierra
La situación legal también forma parte del conflicto. En Salta, el artículo 9 de la Ley 7.658 establece mecanismos de protección frente a desalojos para determinadas familias rurales y pequeños productores.
La Legislatura provincial prorrogó esa suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante una modificación aprobada en 2025. La medida alcanza a tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores comprendidos en determinados supuestos previstos por el Código Civil y Comercial.
A nivel nacional, en cambio, se produjo un cambio significativo respecto de las comunidades indígenas. En diciembre de 2024, el Gobierno de Javier Milei dictó el DNU 1083/2024, que derogó el Decreto 805/2021 y declaró finalizada la emergencia territorial establecida por la Ley 26.160, junto con la suspensión de desalojos prevista por esa norma.
El escenario deja planteado un problema que excede la discusión sobre títulos de propiedad: cómo se distribuye la tierra, quiénes pueden acceder a ella, qué actividades se desarrollan y qué ocurre con las comunidades que históricamente habitan esos territorios.
En el Chaco salteño, las grandes transacciones muestran una concentración de superficies que vuelve inevitable discutir el modelo de desarrollo territorial. Para investigadores que siguen estos procesos, la cuestión no pasa solamente por determinar quién compra o controla las tierras, sino por analizar qué modelo productivo se instala y cuáles son sus costos sociales y ambientales.
La información producida desde la universidad y el sistema científico busca aportar datos a una discusión que muchas veces queda reducida a la propiedad formal. Detrás de cada operación aparecen comunidades, productores, recursos naturales y territorios cuya transformación puede modificar de manera profunda la vida de quienes los habitan.
