10/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha por el financiamiento universitario. Imagen: Web.
El Gobierno de Javier Milei apeló la resolución judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de que compromete el equilibrio fiscal. Sin embargo, la Justicia mantuvo vigente la cautelar que exige actualizar partidas, recomponer salarios docentes y no docentes y revisar las becas estudiantiles, mientras la Cámara de Apelaciones prepara su intervención.
El Gobierno de Javier Milei apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero no consiguió suspender la obligación de cumplir con las medidas cautelares vigentes. La decisión judicial mantiene la exigencia de transferir fondos para el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano contra la resolución del juez federal Martín Cormick, quien había ordenado el cumplimiento inmediato de la normativa aprobada por el Congreso. Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver si confirma o revoca la sentencia de primera instancia.
Mientras tanto, el magistrado dispuso que continúe la ejecución de la cautelar. En los hechos, esto significa que la apelación del Ejecutivo no elimina la obligación judicial vigente, pese a los argumentos del Gobierno contra la aplicación de la ley.
Milei insiste con el argumento del equilibrio fiscal
El Gobierno justificó su apelación en el impacto presupuestario que tendría la aplicación de la norma. En su presentación, sostuvo que las obligaciones previstas comprometerían el equilibrio de las cuentas públicas y cuestionó que exista una fuente de financiamiento específica y suficiente.
El Ejecutivo también argumentó que cubrir los gastos mediante reasignaciones presupuestarias podría absorber hasta el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional, según los cálculos expuestos en el recurso.
Sin embargo, el juez Cormick rechazó que el Gobierno pueda condicionar la ejecución de una ley aprobada por el Congreso a sus propias decisiones presupuestarias. La discusión expone el choque entre la política de ajuste fiscal de Milei y las obligaciones legales vinculadas con el financiamiento de la educación superior pública.
Qué exige la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 contempla la recomposición de los presupuestos universitarios de acuerdo con la inflación, la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recuperación de los recursos destinados a becas y actividades de investigación.
La norma fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025, pero Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025. Posteriormente, ambas cámaras legislativas insistieron con la ley y reunieron los dos tercios de los votos requeridos por el artículo 83 de la Constitución Nacional para superar el veto presidencial.
El 21 de octubre de 2025, la norma fue publicada en el Boletín Oficial, aunque su promulgación quedó condicionada por una decisión del Ejecutivo que terminó judicializada.
La Justicia cuestionó la estrategia del Gobierno
En su resolución, Cormick sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía utilizar un mecanismo administrativo para impedir, en la práctica, la aplicación de una ley que había superado el veto presidencial mediante el procedimiento constitucional.
El magistrado consideró que esa estrategia constituía un “mecanismo extraconstitucional”, al contradecir las atribuciones del Congreso para decidir sobre el gasto público y las reglas constitucionales que regulan la insistencia legislativa frente a un veto.
El fallo también señaló que el artículo 9 de la Ley 27.795 habilita al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias, con determinadas limitaciones, y a utilizar ingresos recaudados por encima de lo previsto en el presupuesto. Con ese fundamento, rechazó el planteo oficial de que la norma carecía de mecanismos para financiarse.
Una disputa que vuelve a poner a las universidades en el centro
El conflicto judicial se suma a meses de reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios y las dificultades presupuestarias de las instituciones públicas. La aplicación de la ley busca recomponer recursos que el sector considera indispensables para sostener la actividad académica, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
En su defensa, el Gobierno también sostuvo que la aplicación de la norma implicaría gastos superiores al billón de pesos. En cambio, el fallo citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculó para 2025 un costo equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
La apelación abre una nueva instancia judicial, pero no deja sin efecto la cautelar. Por ahora, Milei deberá afrontar la obligación de cumplir con las medidas ordenadas mientras la Cámara revisa el caso, en una disputa que vuelve a enfrentar el ajuste fiscal del Gobierno con el financiamiento de la universidad pública.
