13/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis Toto Caputo y Santiago Bausili. Imagen: NA.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por presuntas irregularidades en las operaciones con derivados vinculados al oro del Banco Central. La presentación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras. El planteo se apoya en cifras atribuidas a una auditoría de la AGN que registró un resultado negativo de USD 1.023 millones en esas operaciones.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó que sean detenidos el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el director de la entidad, Juan Curutchet, en el marco de la investigación sobre las operaciones con derivados vinculados al oro realizadas durante 2025.
Dalbón sostuvo que los movimientos deben investigarse por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó la posible existencia de asociación ilícita y señaló que será la Justicia la que deberá establecer qué delitos se cometieron y cuál fue la responsabilidad de cada involucrado.
El letrado apuntó al juez Ariel Lijo y al fiscal Eduardo Taiano —mencionado en la presentación como Pollicita— como responsables de avanzar en la investigación. Además, anticipó que impulsaría la ampliación del pedido de detención contra Bausili y Curutchet.
La auditoría de la AGN y el resultado negativo de USD 1.023 millones
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el resultado negativo que, según Dalbón, registró la Auditoría General de la Nación (AGN) en las operaciones con derivados vinculados al oro del BCRA. La cifra asciende a USD 1.023 millones, un monto que el abogado considera necesario investigar para determinar cómo se realizaron las operaciones y quiénes fueron los responsables.
De acuerdo con el escrito, el resultado negativo se compone de $1.400.793 millones, equivalentes a USD 960,2 millones, por opciones, y otros $68.362 millones, equivalentes a USD 62,8 millones, en primas de opciones.
La presentación también indica que el Banco Central concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo. Al mismo tiempo, la tenencia de oro registró una ganancia contable de $8.002.500 millones por diferencias de cotización durante ese ejercicio.
Para Dalbón, las operaciones deben analizarse en conjunto y con documentación que permita reconstruir los movimientos financieros. La denuncia busca determinar si existieron irregularidades y si las decisiones adoptadas ocasionaron un perjuicio para el Estado. Las imputaciones deberán ser evaluadas por la Justicia y no equivalen, por sí mismas, a una declaración de culpabilidad.
Las restricciones que pidió aplicar a los funcionarios
Además de solicitar las detenciones, Dalbón reclamó una serie de medidas preventivas para los funcionarios involucrados. Entre ellas, pidió la prohibición de salir del país, restricciones de acceso a sectores del Banco Central y del Ministerio de Economía donde pudiera haber documentación relacionada con la causa y la prohibición de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.
El abogado argumentó que, aunque a su criterio no existiría peligro de fuga, sí habría elementos para investigar una posible obstrucción a la Justicia. En ese sentido, cuestionó lo que describió como inconsistencias y falsedades en el marco de la auditoría.
La decisión sobre las medidas solicitadas corresponde a los tribunales intervinientes. El avance de la causa dependerá de la evaluación de la documentación y de las pruebas que puedan incorporarse al expediente.
Marcela Pagano también denunció a Caputo y Bausili
La presentación de Dalbón se suma a la denuncia penal que la diputada Marcela Pagano anunció el 10 de agosto contra Caputo y Bausili. En una publicación en la red social X, la legisladora afirmó que casi $4 billones de fondos públicos habían quedado sin un destino públicamente trazable.
Pagano también cuestionó una respuesta atribuida al titular del Banco Central sobre el paradero de los fondos: “En algún lado están”. Para la diputada, esa explicación no era suficiente y los funcionarios debían precisar dónde estuvo cada peso, quién impartió las órdenes y quiénes pudieron haberse beneficiado.
Las denuncias ponen bajo la lupa las operaciones financieras del Banco Central y reclaman explicaciones sobre el manejo de recursos públicos. Ahora será la Justicia la que deberá establecer si hubo delitos, determinar las responsabilidades correspondientes y resolver si procede alguno de los pedidos de detención.
