15/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Capturas de Video.
Seis de los siete hombres que permanecían detenidos por recoger maíz descartado en una finca de la zona de Coronel Cornejo recuperaron la libertad después de 17 días de detención. Sin embargo, continúan imputados por robo calificado en despoblado y en banda y podrían llegar a juicio.
La liberación se concretó el jueves 8 de octubre. Según fuentes judiciales, la decisión tuvo en cuenta que los seis hombres no registraban antecedentes condenatorios y el compromiso asumido por los caciques de las comunidades a las que pertenecen.
El único detenido que continúa preso es un hombre criollo que también está imputado en la causa y cuenta con antecedentes penales.
De los ocho hombres detenidos inicialmente el 22 de septiembre, cuatro pertenecían a comunidades wichí de Coronel Cornejo, en el departamento San Martín, mientras que los otros cuatro eran criollos. Uno de los integrantes de la comunidad wichí fue liberado días después de su arresto, tras conocerse que tenía tuberculosis. Actualmente recibe tratamiento en el Hospital de Tartagal.
El permiso para recoger el maíz, en el centro de la controversia
El caso generó reclamos de las comunidades indígenas, cuyos integrantes sostienen que los hombres tenían autorización para recolectar el maíz que había quedado en el campo después del paso de las cosechadoras.
La práctica de juntar los granos que las máquinas no logran levantar es habitual en la zona productiva del departamento San Martín y suele realizarse con el consentimiento de los responsables de las fincas.
Según la versión de las comunidades, en este caso existía un acuerdo con el propietario del establecimiento, Santiago Cístola Estaiger, señalado como denunciante.
Sin embargo, el 22 de septiembre, cerca de las 21, la Policía detuvo a cuatro hombres wichí —Eduardo Cardozo, Luis Pino, Sebastián Juárez y Marcelo Candalicio— y a otros cuatro criollos. La acusación sostiene que rompieron el candado de la finca y sustrajeron 15 bolsas de maíz.
De acuerdo con lo informado, los cuatro integrantes de la comunidad wichí llevaban alrededor de cinco bolsas de maíz distribuidas en cuatro motocicletas. La intención era trasladarlas a la comunidad para repartir el alimento y vender una parte con el objetivo de obtener ingresos.
Las detenciones provocaron malestar entre los familiares y miembros de las comunidades. Algunas mujeres cuestionaron el procedimiento policial porque entendían que los hombres estaban autorizados a recolectar el grano. Una de ellas llegó incluso a encadenarse para reclamar por la situación.
Los caciques se comprometieron ante la Justicia
Sebastián José, cacique de la comunidad wichí La Esperanza de Coronel Cornejo, y referentes de la comunidad Lapacho se reunieron con el juez de Garantías de Tartagal, Marcelo Alvarado.
Durante el encuentro, los referentes comunitarios asumieron el compromiso de garantizar que los acusados cumplan las medidas judiciales que se establezcan para recuperar la libertad.
Por su parte, Laurentina Nicasio, referente wichí y presidenta de la Fundación Jualá, explicó que la recolección del maíz descartado es una práctica extendida en el área productiva de San Martín.
También mencionó el caso de Ariel Costas, un joven wichí de Ballivián acusado de intentar hurtar maíz en otra finca, y señaló diferencias entre ambas situaciones por la existencia o no de acuerdos previos.
Sebastián José sostuvo que las comunidades mantienen una relación de diálogo con otros productores de la zona, con quienes pueden continuar recolectando maíz sin inconvenientes. Según afirmó, las dificultades se concentran en el vínculo con el propietario que realizó la denuncia.
Qué condiciones deben cumplir los liberados
La recuperación de la libertad no significa que la causa haya terminado. Los seis hombres continúan imputados y deberán respetar las condiciones establecidas por la Justicia.
Entre las medidas dispuestas figuran la obligación de presentarse todos los lunes en el destacamento policial de Coronel Cornejo y la prohibición de salir de la provincia.
Además, tienen prohibido intimidar, ejercer violencia o perturbar a testigos y a otras personas que deban intervenir en el proceso judicial.
La resolución también establece una prohibición de acercamiento al denunciante y de mantener cualquier tipo de contacto o comunicación con él, ya sea de manera directa o mediante terceros.
Mientras avanza la causa, los acusados deberán cumplir estas restricciones, en un expediente que mantiene abierta la posibilidad de que sean sometidos a juicio.
