16/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Más de cuatro cuadras de manifestantes recorrieron el centro de Salta durante la quinta marcha federal universitaria, pese a la lluvia. La movilización reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y reunió demandas por la discapacidad, las jubilaciones, la extranjerización de tierras y el endeudamiento de las familias. En paralelo, fracasó en Diputados el intento de debatir el DNU 70/23 por falta de quórum.
La lluvia no logró frenar la protesta. Más de cuatro cuadras de personas recorrieron el centro de Salta capital durante la quinta marcha federal universitaria, en una jornada que reunió a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, jubilados, referentes de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos.
El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas se unió a la defensa de las tierras frente a la extranjerización, los derechos de las personas con discapacidad y las demandas de jubilados y familias endeudadas. La movilización expresó un rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei y al deterioro de derechos sociales.
El eje de la protesta fue el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno nacional. Los manifestantes vincularon la defensa de la educación pública con la producción científica, la soberanía territorial y las condiciones de vida de los sectores afectados por las políticas nacionales.
Ciencia pública y soberanía territorial
La defensa de la universidad también se convirtió en un reclamo por el futuro del sistema científico y la capacidad del país para producir conocimiento. Aranzazú Guevara, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), calificó la situación como un “plan de destrucción sistemático” y advirtió sobre el riesgo de dejar a la población sin acceso al conocimiento.
La investigadora señaló la pérdida de grupos de investigación, los bajos salarios y la precarización de becarios y becarias, que deben buscar otros trabajos para complementar sus ingresos. También vinculó ese escenario con la discusión sobre la propiedad de la tierra y el DNU 70/23. “La soberanía es ciencia, es técnica para el pueblo, y para eso necesitamos ciencia pública y universidad pública”, afirmó. Además, sostuvo que el pueblo no quiere que se venda el territorio.
La relación entre ambos reclamos tuvo especial relevancia en Salta, donde la extranjerización de tierras y los conflictos territoriales involucran a comunidades indígenas y campesinas, además de abrir discusiones sobre el modelo de desarrollo provincial.
Los centros de estudiantes de la UNSa reclamaron respuestas concretas y la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario. Sofía Tejerina, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto de Educación Media (IEM), remarcó que la protesta también busca defender el derecho a estudiar y construir un futuro con igualdad.
Desde el sector gremial, Pamela Pérez, secretaria general de ADIUNSa, advirtió sobre el impacto del ajuste en las condiciones laborales y el funcionamiento de las instituciones. La dirigente sostuvo que no quieren ser la generación que vea apagarse la potencia del sistema universitario público.
Pérez también cuestionó que una norma aprobada por el Congreso no se cumpla y afirmó: “No podemos aceptar que una ley valga cuando me gusta y no valga cuando menos me gusta”.
Por su parte, Stella Mimessi, secretaria general de APUNSa, vinculó la crisis universitaria con el deterioro de las condiciones de vida, el sistema de salud y las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Durante la marcha, sostuvo que la sociedad volvió a salir a las calles para exigirle a Milei que cumpla la ley.
Una movilización con múltiples reclamos sociales
La convocatoria también tuvo una dimensión histórica. Blanca “Nenina” Lescano, referente de derechos humanos e integrante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, recordó la persecución que sufrieron estudiantes, docentes y graduados de la UNSa durante la última dictadura. Su intervención llamó a mantener viva la memoria de las personas desaparecidas de Salta y de la propia universidad.
También participó Mirtha Torres, exdetenida por razones políticas, quien defendió la educación pública, laica y gratuita y reivindicó la solidaridad entre los sectores afectados por las políticas de ajuste. Sostuvo que no hace falta ser estudiante, profesional, egresado o docente para defender la universidad pública.
Jubilados, referentes de derechos humanos y organizaciones sociales sumaron sus reclamos por la pérdida de ingresos, las prestaciones para personas con discapacidad y el endeudamiento de los hogares. De esta manera, la marcha universitaria reunió a sectores que denuncian distintas consecuencias del ajuste nacional.
Fracasó el intento de debatir el DNU sobre tierras
La movilización coincidió con la sesión especial convocada por la oposición peronista en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el DNU 70/23, que reabrió la discusión sobre las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, el debate no llegó a comenzar. Solo se sentaron 121 diputados, ocho menos que los 129 necesarios para alcanzar el quórum, por lo que el decreto no pudo tratarse.
La atención estuvo puesta en los diputados salteños alineados con el gobernador Gustavo Sáenz. Pablo Outes y Bernardo Biella ocuparon sus bancas durante distintos momentos de la jornada, mientras que Yolanda Vega estuvo ausente por encontrarse en recuperación médica.
Antes de la sesión, Outes había reclamado públicamente inversiones obligatorias del Gobierno nacional en los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas. El legislador sostuvo que, sin compromisos concretos con Salta, no podían continuar trabajando en el Congreso como si nada ocurriera y señaló que los consensos también exigen reciprocidad.
El planteo se produjo en medio de las negociaciones entre el Gobierno nacional y la administración provincial por las inversiones ferroviarias. Sin embargo, la falta de quórum dejó pendiente el debate sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales, una cuestión relevante para Salta por los conflictos territoriales y los reclamos de comunidades indígenas y campesinas.
